Corrupciones administrativas de dictaduras en la impunidad

26/10/1981
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Impunidad total. Los dictadores fueron perdonados y jamás rindieron cuentas de sus actos.

Con el advenimiento del régimen constitucional al país, luego de cerca de 10 años de dictaduras, uno de los asuntos que cobró mayor fuerza en las campañas electorales fue, sin duda, la aplicación del mayor peso de la ley a los responsables de las corrupciones administrativas cometidas. Sin embargo, no ha sido aplicado a funcionarios que de una u otra forma violaron leyes, derechos humanos y malgastaron dineros del pueblo, pese a que han transcurrido dos años de ofrecimientos.

 
Según la Comisión Especial de Investigaciones de la Cámara de Representantes, los enjuiciamientos políticos no podrán ser ejecutoriados, debido a que la Constitución vigente establece taxativamente las atribuciones de la Cámara de Representantes con respecto a estos casos, señalando una lista de funcionarios públicos que pueden ser reos de enjuiciamiento político y estableciendo como única sanción la destitución en caso de culpabilidad.
 
Con estos antecedentes, las ofertas y amenazas de castigar a los inmorales de la cosa pública, quedaron en simples panfletos demagógicos, pues, con esta disposición, los dictadores  se libraron del enjuiciamiento político y aseguraron su impunidad, ya que el artículo constitucional no menciona, entre los funcionarios que pueden ser enjuiciados,  a los jefes de la Función Ejecutiva y porque en el supuesto de haberlos mencionado, el enjuiciamiento hubiera resultado inútil, pues, habiendo cesado en sus funciones, no podía aplicarse la única pena contemplada en la Constitución, como es la destitución de sus funciones.
 
Gobierno no colaboró
 
De acuerdo a un informe presentado por la Comisión Especial de Investigaciones de la Cámara, luego de dos años de infructuosa labor, al Presidente del Parlamento, señala que a más de las limitaciones jurídicas con las que actuó dicha comisión, la Función Ejecutiva no prestó la colaboración necesaria para las investigaciones. Como ejemplo, se indica que en el caso de los fertilizantes, el Banco Nacional de Fomento demoró más de un año en remitir los informes que solicitó, no obstante que se recurrió a la Función Judicial.
 
Así mismo, se acusa a varios ministros de la Función Judicial de ser renuentes con las disposiciones de enjuiciamiento propuestas por la Comisión Especial y de condenar de conformidad con la ley. Se acusa al Ministro Fiscal General del Estado de ser timorato en la acusación de determinadas infracciones cometidas en las dictaduras como en el caso “Aztra” en el que solo demandó por prevaricato a los jueces civiles que conocieron la causa, pero no promovió otros enjuiciamientos que se recomendó contra elementos de las Fuerzas Armadas.
 
Por otra parte, se apunta que la propia Cámara Nacional de Representantes no dotó a la Comisión de investigación del indispensable poder coercitivo, exponiéndola al desacato de quienes no estaban dispuestos a comparecer.
 
500 casos
 
En los dos años de actividad de la Comisión de Investigaciones de la Cámara, ha recibido 517 denuncias sobre diferentes irregularidades cometidas en los 10 años de dictadura. El perjuicio al país no puede ser calculado en forma exacta, debido a que muchos de los casos ni siquiera pudieron ser conocidos por los miembros de la Comisión. En el primer año de actividad la Comisión conoció 284 casos, emitiendo informes sobre una tercera parte de ellos, mientras en su segundo período conoció 233 denuncias y resolvió 131, quedando en trámite 102, que quedarán en el olvido, ya que la Comisión fue desintegrada por resolución de la Cámara.
 
Del 29 de agosto de 1979 al 6 de agosto de 1980, la Comisión de Investigaciones conoció 284 denuncias, clasificadas de la siguiente manera: por violación a los Derechos Humanos, 69; por irregularidades administrativas, 93; por irregularidades judiciales, 41; por evasiones tributarias, 18; y, por peculados y negociados, 63.
 
Al cabo de este primer período de investigación, la Comisión destaca que los regímenes dictatoriales se caracterizaron por su desconocimiento de los problemas nacionales; su desprecio por la vida, la libertad, el honor y el patrimonio de los ciudadanos y por su política dilapidadora del patrimonio nacional. Resalta la culpabilidad del general Guillermo Durán Arcentales en la política económica y del general Guillermo Rodríguez Lara por la violación de los derechos humanos. Durante el segundo año de gestión, la Comisión ha logrado resultados de trascendencia jurídica, resaltando que aún en el caso de que ninguna de sus recomendaciones hubiera sido acogida por la Función Judicial, la Comisión estaría exonerada de responsabilidad, pues, su gestión culminó con sus recomendaciones, tocándole a la Función Judicial juzgar y condenar, de ser del caso.
 
 A lo largo de los dos años de actividad, la Comisión de Investigaciones solicitó la presencia de 33 altos oficiales de las Fuerzas Armadas, implicados en las denuncias y que durante las dictaduras ocuparon puestos de relevancia en el régimen, de los cuales 24 concurrieron a dar sus explicaciones, y 9 no dieron cumplimiento al pedido de la Comisión, siendo ellos el general Guillermo Rodríguez Lara, vicealmirante Alfredo Poveda Burbano,  vicealmirante Renán Olmedo González, general René Vargas Pasos, vicealmirante Sergio Vásquez Pacho, general Alberto Villamarín Ortiz, coronel Alfonso Cueva, coronel Emilio Suárez Rueda y teniente Galo Peñaherrera.
 
Pese a labor cumplida por la Comisión y los diferentes casos que fueron aceptados por la Función Judicial y que están en trámite, la justicia aún no llega y los autores de atracos y defraudaciones al Fisco transitan libremente por la calles del país y aún del exterior. Muchos casos que ocuparon las primeras páginas de los diarios del país, aún no han sido resueltos, diluyéndose la acción de la justicia, entre ellos están: Caso la Previsora, 4.000 millones de sucres: Caso Fertilizantes, 500 millones de sucres; Bonos dólares, 200 millones de sucres, Caso Tokura, Caso Ada, etc.
 
 
Publicado en el diario Ultimas Noticias (Ecuador), 27 de octubre de 1981.
 
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