Impactos ambientales y sociales de la construcción de represas e hidroeléctricas (IV)

05/02/2015
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Introducción
 
Los “Megaproyectos”, promovidos en Guatemala por las agendas de interconexión e integración regional del Plan Puebla Panamá (PPP) —generación de energía, telecomunicaciones, transporte comercial—,[1] provocaron desde el inicio, tanto en México como en América Central, aplausos y regocijo de los empresarios y gobernantes que veían en ellos una nueva forma de sacar provecho de la globalización económica neoliberal; temor y rechazo de amplios sectores de la sociedad que denunciaban sus posibles impactos ambientales y sociales.
 
Después de la experiencia de privatización del sector eléctrico, y ya con varios megaproyectos en marcha en el país, vale la pena interrogarse sobre los impactos ambientales y sociales de algunos de ellos e imaginar el futuro del campo y las sociedades rurales guatemaltecas. Empezaremos con lo que concierne al sector eléctrico.
 
La privatización del sector eléctrico
 
Las primeras noticias del proceso de privatización del sector eléctrico guatemalteco deben buscarse en los años ochenta, porque fue en esa década que tanto el CACIF[2] como el gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1990) presentaron las primeras propuestas e hicieron los primeros intentos. En 1984, recordemos, dirigentes empresariales encabezados por Manuel Ayau Cordón empezaron a presionar para que el Estado se deshiciese de las empresas públicas de telecomunicaciones y electricidad. Pocos años después, recordémoslo también, la administración Cerezo adheriría a la idea promovida por el Banco Mundial (BM) de “desmonopolizar las empresas públicas”, pero el poder del sindicato del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) no se lo permitió.[3]
 
Fue, en verdad, durante el gobierno de Jorge Serrano Elías (1991-1993) que comenzó la desnacionalización del sector eléctrico. En este período, en efecto, tanto la Cámara Empresarial (CAEM) como el CACIF realizaron sendos estudios sobre la privatización de las empresas del Estado. Mientras la primera proponía la privatización de 32 empresas, el segundo daba a conocer su “Libro Amarillo” en que esbozaba la política económica y social deseable para el nuevo gobierno y enfatizaba en las reformas al sector eléctrico. El interés por la privatización de las empresas públicas era tal, que el CACIF llegó a conformar una comisión del sector privado para redactar su proyecto de Ley General de Privatización.[4]
 
Pero la crisis energética de 1991 en Guatemala arrebataría al CACIF el control del proceso inicial de desnacionalización. Con el expediente de la crisis, efectivamente, la administración Serrano Elías quita el cerrojo para el acceso inmediato de la transnacional estadounidense ENRON.[5] Este hecho, por lo demás, evidenció las componendas y altos niveles de corrupción con que inició la apertura del sector.[6]
 
En ese ambiente, Serrano Elías nombra una Comisión Especial[7] para evaluar al conjunto del sector eléctrico antes de avalar la privatización del INDE y la venta de las acciones del Estado en la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA). Pero las discrepancias con el proyecto de Ley de desmonopolización (Decreto legislativo 59-92) salido de esa comisión, provocó el veto de Serrano y la formulación de su propio proyecto de privatización. Este, básicamente, planteaba la venta de los generadores eléctricos del INDE y de la EEGSA.
 
Después del “autogolpe” de Serrano Elías que provocó el final de su mandato —el cual se cree estuvo relacionado con las disputas entre las facciones empresariales que buscaban beneficiarse con la privatización—, Ramiro de León Carpio (1993-1996) llega al poder. Aunque las privatizaciones en el sector eléctrico se detuvieron en esos años, las presiones de una de esas facciones obligaron al nuevo Presidente a destituir del cargo de director de la Oficina de Privatización y Desmonopolización del Estado a Manuel Ayau Cordón, hombre fuerte de la otra facción.
 
En enero de 1995, en efecto, Ramiro de León Carpio veta la nueva ley del INDE que buscaba desmonopolizar el sector de la electricidad, lo cual le provocó nuevas y mayores tensiones con los empresarios interesados en acelerar el proceso. De León Carpio, debemos decirlo, no se oponía a la privatización del sector. Condicionado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) que financiaba la formulación del proyecto de Ley General de Electricidad que avalaba el Banco Mundial, el nuevo Presidente sólo esperaba su terminación.
 
Mientras tanto, y en medio de las críticas del CACIF que no desaprovechaba la ocasión para despertar un sentimiento “nacionalista” en la sociedad que le asegurase el apoyo de los sindicatos de la electricidad,[8] Teco Power Services (TPS) construye la planta Alborada que opera desde entonces a través de Tampa Centroamericana de Electricidad Ltd.
 
Se trataba, en realidad, de transformar el monopolio estatal administrado por el INDE y la EEGSA, en un monopolio privado en manos de empresas extranjeras y nacionales. Fue eso, exactamente, lo que años después afirmaría, con otro propósito, el director de Electroconsulting, una de las empresas consultoras encargadas de patrocinar el estudio requerido por la Comisión de Vestuario y Textiles (VESTEX) cercana al empresario de maquilas y Presidente de la República, Álvaro Colom Caballeros (2008-2012):
 
La apertura y privatización de las empresas del sector eléctrico en 1997 transformó un monopolio público en privado, además que el sector presenta falta de competencia, instituciones reguladoras débiles, así como que los costosos contratos preexistentes firmados a partir de 1993 han consolidado operadores dominantes dentro del mercado y, por ende, los precios tienden a ser de los más altos de América Latina.[9]
 
Hasta principios de los noventa, en efecto, la matriz energética de Guatemala (compuesta por las diferentes fuentes generadoras de energía disponibles) era monopolio del Estado que a través del INDE generaba el 95% de la electricidad. Entonces, las hidroeléctricas constituían la principal fuente generadora de energía y entre ellas destacaba la controversial Chixoy.[10] Pero en la medida en que se dieron los cambios, el INDE dejó de ser el más importante distribuidor de electricidad y las empresas transnacionales ocuparon su lugar.
 
Fue entonces cuando las transnacionales privilegiaron la construcción de centrales termoeléctricas altamente contaminantes cuyo funcionamiento depende de derivados del petróleo (bunker y diesel) sólo para obtener ganancias inmediatas. Como consecuencia, las tarifas del servicio eléctrico se elevaron exponencialmente,[11] a pesar de que el discurso oficial y empresarial afirmaba lo contrario. Según ellos, en la medida en que avanzara la privatización, la competencia en el sector abarataría la electricidad.
 
En 1996, durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000), y ya con una matriz energética altamente dependiente del petróleo, se aprobó el Decreto Legislativo No. 93-96 Ley General de Electricidad, que crea el “Mercado Mayorista” para facilitar la privatización del servicio de distribución. Para ello, la ley de electricidad planteó que tanto el INDE como la EEGSA debían separar sus funciones de generación, comercialización, distribución y transmisión. Esto favoreció a Unión Fenosa, empresa española que compró la Empresa de Distribución del INDE por 101 millones de dólares, no obstante que su valor real, según el sindicato del INDE, ascendía a 400 millones. Fue en ese contexto que Unión Fenosa creó DEORSA y DEOCSA, empresas que, respectivamente, distribuirían la energía eléctrica en el oriente y occidente del país.
 
En ese mismo ambiente, EEGSA vende en 1997 sus plantas generadoras a la empresa estadounidense Constellation Power Development (CPD), que operará a través de su subsidiaria Guatemalan Genereting Group (GGG), y que en 2001 pasaría a manos de la estadounidense Duke Energy. Pero fue en 1998 cuando el Estado vende todas sus acciones en la EEGSA. Después de un “concurso internacional”, en efecto, remata el 80% del capital accionario que desde 1972 poseía en la Empresa Eléctrica de Guatemala.
 
La nueva propietaria fue la compañía Distribuidora Eléctrica Centroamericana, S.A. (DECA), cuyos accionistas eran la española Iberdrola de Energía, S. A. (49% del capital), la estadounidense Teco Power Services representada por la TPS Ultramar Guatemala, S.A. (30% del capital) y la portuguesa EDP-Electricidad de Portugal, S.A. (29% del capital).[12] Ahora bien, desde abril de 1999 esas multinacionales manejan su inversión a través de la Distribuidora Eléctrica Centroamericana II, S.A. (DECA II), que en 1999 crea la compañía Comercializadora Eléctrica de Guatemala, S.A. (COMEGSA), la más importante de las 14 empresas de comercialización de electricidad que entonces existían en el país.[13]
 
Por lo demás, el alza desmedida de los precios de la electricidad llevó al INDE a instituir en 1998 una “tarifa social” que subsidiaría a millones de usuarios que no podían pagar los altos precios de la electricidad. Pero esta tarifa social, contrariamente a lo imaginado, favorece también a los capitales nacionales y transnacionales dueños del oligopolio de la electricidad. Si es verdad que los subsidios permiten que muchos usuarios continúen utilizando el servicio, y si es verdad que su existencia sirve para mantener el proceso de electrificación rural en marcha, también es verdad que los mayores beneficiados con la instauración de la tarifa social han sido las empresas generadoras y comercializadoras de electricidad a las que el INDE paga el suministro.
 
El proceso de privatización de la generación y comercialización de energía eléctrica no se detuvo allí. Durante la administración de Alfonso Portillo (2000-2004), importantes capitalistas construyeron plantas generadoras de electricidad con el aval del INDE y muchos otros se beneficiaron con la concesión de nuevos proyectos geotérmicos. Más y más ingenios azucareros erigieron sus propias plantas generadoras de energía eléctrica, y desde entonces hacen magníficos negocios vendiéndola al INDE a precios altos.[14] Así, los más favorecidos terratenientes y agroexportadores del país, que en esos mismos años se insertaron en el negocio de los agrocombustibles,[15] extienden sus tentáculos al sector eléctrico amenazando con convertirse en elementos estratégicos del nuevo oligopolio de la generación de electricidad.[16]
 
Fue justamente eso lo que favoreció la administración de Oscar Berger (2004-2008). Apoyado y comprometido abiertamente con ellos, se propuso transformar la matriz energética altamente dependiente de los hidrocarburos y de la volatilidad de sus precios, por otra que privilegia la construcción de plantas hidroeléctricas y a base de carbón. Su objetivo, decían, era abaratar los costos de generación de electricidad para atraer inversión extrajera, pero era evidente que también buscaba beneficiar al sector industrial local que concentra a los principales usuarios del servicio eléctrico del país.   Después de cuatro años de profundizar en ese modelo, y aunque los resultados fueron casi imperceptibles, la definición de políticas energéticas y los compromisos alcanzados a nivel institucional fueron suficientes para que su sucesor consolide lo iniciado.
 
Por eso, Álvaro Colom anuncia desde el inicio de su gobierno la intención de modificar la matriz energética. Esta, afirmaba, dependía en un 46% del petróleo para su generación, lo cual había impactado desfavorablemente en los costos de la energía del país.[17] La administración Colom, pues, se propuso fortalecer la plataforma institucional creada por su antecesor —el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), la Agencia de Promoción de Inversión Extranjera Directa (Invest in Guatemala) y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE)— y promover la construcción de proyectos hidroeléctricos y plantas carboneras para avanzar hacia el objetivo final fijado en el Plan de Expansión Indicativo del Sistema de Generación 2008-2022: reducir la dependencia de los hidrocarburos y producir casi dos tercios de la electricidad por medio de hidroeléctricas en el 2022.
 
Se avanza entonces en la interconexión con México, El Salvador y Honduras, se pone énfasis en los proyectos binacionales con El Salvador y México —todo ello según lo previsto en el Plan Puebla Panamá— y se concesionan nuevos proyectos hidroeléctricos. Estos, al instante, provocan el rechazo de las comunidades afectadas que se oponen al otorgamiento de sus territorios y recursos naturales a capitales locales y transnacionales. El caso más conocido, aunque no el único, es el del proyecto Xalalá[18] en los municipios de Ixcán, Uxpantán y Cobán, en los departamentos del Quiché y Alta Verapaz, cuya licitación fracasó en noviembre de 2008 debido a la falta de ofertas de las empresas transnacionales y locales en un contexto de fuerte oposición comunitaria.
 
Esto, sin embargo, no impidió que la administración Colom adicionara a la lista de proyectos hidroeléctricos aprobados y en operaciones desde 1998, otra de plantas térmicas e hidroeléctricas a construirse en los próximos años.[19] Entre éstas sobresalen los proyectos hidroeléctricos Renace II sobre el río Cahabón, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz (propiedad del Grupo Multi Inversiones de la familia Gutiérrez-Bosch), el cual se estima generará 163 megavatios de energía con una inversión de 320 millones de dólares; e HidroXacbal sobre el río Xacbal, en San Gaspar Chajul, El Quiché (propiedad del Grupo Terra de Honduras), que generará según estimaciones 94 megavatios de energía a un costo de 190 millones de dólares.
 
La continuidad de la política privatizadora del sector eléctrico ha sido evidente durante la administración de Otto Pérez Molina (2012-2015). Además de profundizar el proceso de licitación y concesión de proyectos hidroeléctricos a empresas extranjeras y nacionales (Xalalá, por ejemplo), y además de reprimir a las poblaciones que se oponen valientemente a la construcción de hidroeléctricas en sus territorios (Santa Cruz Barrillas, por ejemplo), su gobierno impulsa discretamente el Proyecto de Electrificación Territorial (PET) que interconectará a los productores de electricidad con los grandes consumidores del mercado mayorista. Entre ellos, la industria minera, Cementos Progreso, Cervecería Centroamericana y Aceros de Guatemala, los mayores demandantes de energía eléctrica del país.[20]
 
Veamos ahora cómo este tipo de represas e hidroeléctricas puede tener un impacto ambiental y social en las regiones donde se construyen.
 
Posibles impactos ambientales y sociales del proyecto Xalalá
 
Si nos atenemos al estudio de la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA),[21] en el cual se evaluaron los “impactos y obligaciones en derechos humanos del Estado de Guatemala en la planificación y construcción de la hidroeléctrica y represa de Xalalá”, este tendrá dos tipos de impactos: los ambientales propiamente dichos y sobre los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas.
 
Impactos ambientales
 
Nacido en los años setenta como un elemento del proyecto de la Franja Transversal del Norte (FTN), el de la represa e hidroeléctrica Xalalá ha inquietado desde entonces por los posibles impactos de su construcción. En aquellos años, recordémoslo, se estimaba que el proyecto inundaría más de 30 km2 en áreas de los municipios de Playa Grande, Uspantán y Cobán. Actualmente, y aunque no se expliquen con claridad las causas del descenso,[22] se dice que el embalse abarcará únicamente 7.5 km2 en áreas de Ixcán, Uspantán y Cobán.
 
El proyecto Xalalá, no obstante, preocupa a la ciudadanía local que desde el momento de la primera licitación exige su cancelación. Aun cuando las autoridades gubernamentales se amparen en el argumento de la creciente necesidad nacional de energía,[23] y aunque hablen de la posibilidad de exportar la energía generada por las hidroeléctricas a los países vecinos,[24] lo cual en teoría beneficiaría al Estado y la sociedad, las comunidades y pueblos indígenas afectados por el proyecto Xalalá han expresado permanentemente su oposición.
 
Y esto, por una sencilla razón. Hasta la fecha se desconocen los beneficios y regalías que dicho proyecto dejaría al Estado, a los municipios y a las comunidades afectadas. No se sabe, siquiera, si estas dispondrán del servicio de energía eléctrica y si lo harán con una tarifa especial. Tampoco se cuenta con información oficial sobre varios aspectos fundamentales del proyecto. Entre otros, datos exactos de las comunidades que serían directamente afectadas por la represa y que tendrían que ser reubicadas; las tierras que quedarían inundadas y qué comunidades perderían sus tierras de cultivo y base de alimentación (las cuales tendrían que ser reubicadas también).[25] Tampoco se tienen otros datos técnicos importantes para evaluar el alcance e impacto del proyecto para las comunidades afectadas.[26]
 
Cualquiera que sea el modelo de privatización del proyecto Xalalá,[27] el estudio del Colectivo Madre Selva muestra que su realización inundará buena parte de la zona afectando directamente a varias localidades.[28] La Pastoral Social de Ixcán,[29] por su parte, estima que serían inundadas parcial o totalmente las siguientes comunidades:
 
 
·           Micro región VI Ixcán, El Quiché:
o    Ribera río Chixoy: comunidad de Xalalá, campamento de Xalalá.
 
o    Ribera río Copón: Rumor de los Encantos I, Rumor de los Encantos II, Caserío Rumor II, Santa Marta Copón, Santa Elena Copón, Villa Linda Copón.
 
o    Ambas riveras: Margaritas Copón I.
 
·            Micro región II (Zona Reina) Uspantán, El Quiché:
 
o    Ribera río Chixoy: San Pedro Chailá, Nuevo Asturias, La Maya.
 
o    Ribera río Copón: San Pedro Cotijá, Ventana del Cielo.
 
o    Ambas riberas: Finca Chailá.
 
·            Micro región V Alta Verapaz:
 
o    Ribera río Chixoy: Samultequén II, La Libertad Xalarocja, San Pedro Xalarocja.
 
 
Pero las comunidades y organizaciones sociales de la región creen que el número de comunidades afectadas sería superior. Según estas, varias comunidades de las orillas del río Chixoy en los municipios de Uspantán y Cobán no fueron tomadas en cuenta en el estudio auspiciado por la Pastoral Social de Ixcán, lo cual les lleva a afirmar que el número de localidades afectadas total o parcialmente podría llegar a 53.[30]
 
En cualquier caso, se estima que las comunidades asentadas en las riberas de esos ríos a una altura de 230 metros quedarían bajo agua y que las ubicadas a 300 metros sobre el nivel del mar quedarían parcialmente inundadas o afectadas en sus tierras y vías de acceso.[31] En otras palabras, “las inundaciones totales o parciales supondrán la pérdida de vivienda y/o modos de subsistencia de (por lo menos) 13.968 personas”.[32]
 
Esto puede dimensionarse si se analiza la siguiente información:[33]
 
 
 
·           El campamento Xalalá sería directamente afectado por los trabajos de ingeniería necesarios para la construcción del muro de contención. La comunidad, por lo tanto, tendría que desalojar por completo la zona.
·            
·           La comunidad de Xalalá, cuya ubicación sería afectada parcialmente por el futuro emplazamiento de la sala de máquinas, vería afectado el centro de su localidad y algunas tierras cultivables.
·            
·           De la comunidad Margaritas Copón I sólo se salvaría la parte alta donde se encuentran la escuela, la iglesia y algunas viviendas. La otra parte, constituida por viviendas, tierras fértiles, tierras cultivadas, quedaría completamente inundada.
·            
·           Rumor de los Encantos I, no obstante su lejanía, vería afectados parte de sus cultivos, tierras fértiles y la pista de aterrizaje que constituye el único medio de transporte de la comunidad.
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·           Rumor de los Encantos II no se salvaría. Parte de los terrenos cultivados, tierras fértiles y pastizales, todos de vital importancia para la comunidad, serían inundados.
·            
·           Los habitantes del Caserío Rumor II, cuyas viviendas y tierras cultivadas están dentro del área de influencia directa del embalse, serían desalojados.
·            
·           Los vecinos de Santa Marta Copón verían afectadas sus tierras cultivables y reservas de la montaña.
·            
·           Santa Elena Copón saldría afectada en la parte concerniente a tierras fértiles y cultivos ubicados en la orilla del río.
·            
·           En Villa Linda Copón posibles movimientos de agua de la represa provocarían la inundación de tierras de cultivo de granos básicos y otras tierras de cultivo.
·            
·           San Pedro Cotijá vería afectadas tierras de cultivo y tierras fértiles. Al aumentar el caudal del río Copón, hecho muy probable en el contexto del proyecto Xalalá, el “puente de hamaca”, único medio para cruzar al Ixcán, quedaría inhabilitado.
·            
·           En Ventana del Cielo saldrían afectadas las fuentes de agua de consumo y algunas tierras cultivables.
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·           Finalmente, la planicie de la finca Chailá se inundaría y la parte alta serviría como de muro de contención de la represa.
·            
 
 
Eso no es todo. Según CIFCA, los impactos ambientales y daños a las poblaciones del área podrían aumentar. Si “los caudales turbinados” o “modo de producir energía” variaran, lo cual es posible por las condiciones en que el gobierno otorga las concesiones, la población río abajo de la hidroeléctrica saldría igualmente afectada. En este caso, además de poner en riesgo la seguridad de las comunidades y trastornar el ecosistema fluvial, la construcción de la hidroeléctrica limitaría el acceso al uso del agua de los habitantes.
 
Basada en el estudio del “Marco legal en Derechos Humanos” que obliga jurídicamente al Estado de Guatemala[34] a “proteger, promover y realizar los derechos contemplados a todos los individuos que se encuentren en su territorio, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”,[35] CIFCA se dedica a analizar los derechos humanos reconocidos a las comunidades y pueblos indígenas en la Constitución de la República,[36] los Acuerdos de Paz[37] y el Derecho Internacional.
 
Además, señala el “Incumplimiento de obligaciones del Estado en Derechos Humanos” durante el proceso de licitación del proyecto, especialmente en el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado; y en la necesidad de estudios de impacto socio-ambiental y sus consecuencias en los derechos humanos de las personas que saldrían afectadas.
 
Así, el estudio de la “Iniciativa de Copenhague” llega a definir los “Posibles impactos sobre los derechos humanos de las comunidades”. Esto, a nosotros, nos permitirá definir los posibles impactos sociales del proyecto Xalalá.
 
 
 
 
 
Impactos sociales
 
 
 
Si, como se ha dicho, la construcción de la represa e hidroeléctrica Xalalá tuviera un impacto negativo en el medioambiente y esta afectara los derechos humanos de las personas y comunidades (el derecho a la vida, a la integridad física, al trabajo, a la libre circulación, a la participación y los derechos de los pueblos indígenas),[38] la realización de ese proyecto también causaría impactos sociales significativos. Además de los ya mencionados, queremos subrayar especialmente el hecho de que el sistema familiar y comunal que asegura la vida de los habitantes de la zona, sería alterado y en muchos casos destruido por la construcción del embalse.
 
Las comunidades del área, en efecto, poseen un sistema de autosubsistencia que se basa en la agricultura, la recolección de frutas y plantas medicinales, la caza y la pesca, que mantiene el equilibrio socio-ambiental y la seguridad alimentaria de los habitantes,[39] y que sería afectado inevitablemente por el proyecto. La eficacia del sistema, debemos decirlo, no deja de sorprendernos. 
 
A pesar de que la única fuente de ingreso de las comunidades es la producción y comercialización de café y cardamomo, y a pesar de que las plantaciones de cardamomo sólo permiten tres cosechas en el curso de cuatro meses consecutivos en un año, los pobladores pueden vivir sin los ingresos de esa actividad económica durante ocho meses, gracias a ese sistema que funciona en forma óptima. En efecto, la fertilidad de las tierras y la biodiversidad les permite cubrir las necesidades básicas de subsistencia. Además, la cría de traspatios de algunos animales, la caza en la selva y la pesca en los ríos, les asegura de un modo admirable su manutención: pollos, pavos, patos, armadillos, tepezcuintles, venados, cotuzas, palomas, pescados, camarones, cangrejos, jutes, conchas, tortugas, anguilas, gusanos de piedra, entre los más comunes, les sirven de alimento.
 
Por otra parte, los ríos Copón y Chixoy y sus afluentes coronan el funcionamiento del sistema. Son éstos, precisamente, los que permiten transportar las cosechas de cardamomo para su comercialización y facilitan el riego de las tierras de cultivo y el consumo de agua de las poblaciones y de los animales.
 
Por eso, la “Iniciativa de Copenhague” afirma que “centenares de personas, familias y comunidades perderían su vivienda, su acceso a su modo de subsistencia, principalmente agua y tierra”,[40] lo que supone la violación al derecho a un estándar de vida adecuado y una amenaza a su derecho a la alimentación. En pocas palabras:
 
Los efectos de la construcción serían la inundación de los núcleos habitacionales, de las tierras de cultivo, de las tierras fértiles, de los pastizales, un posible cambio en la biodiversidad del entorno, la imposibilidad de pesca, el corte de las actuales vías de comunicación (puentes, caminos, ríos) o por la construcción de carreteras trazadas sobre los lotes de las comunidades. También se verá gravemente afectada la relación que las comunidades tienen con sus tierras y con sus recursos, afectando así el goce del derecho a la vida, a la honra y a la dignidad, la libertad de conciencia y religión y la protección de la familia entre otros.[41]  
 
Los impactos sociales, pues, no son despreciables. No obstante, y aunque en las Consultas de Buena Fe de Ixcán[42] y Uspantán[43] las comunidades rechazaron la construcción de la hidroeléctrica en sus municipios, el gobierno de Otto Pérez Molina, como lo hizo en su momento el de Álvaro Colom, defiende el proyecto.[44]
 
Pero la oposición de los pobladores ha servido de muro de contención al gobierno y a las empresas que pretenden adueñarse de la zona. Seis años después del fracaso de la primera licitación del proyecto, ninguna de esas administraciones ha logrado concretarlo. Ambas, ciertamente, se han topado con la fuerte oposición de las comunidades y pueblos indígenas que, además de denunciar la violación de sus derechos, expresan su rechazo a la represa. Sus demandas son categóricas:
 
Exigen 1) la cancelación del proyecto por los graves daños que causará a las comunidades y porque atenta contra sus derechos como Pueblos Indígenas (derecho a la alimentación, a la vida, a un medio ambiente sano, a la posesión y propiedad de la tierra y a decidir libremente las prioridades de su desarrollo); 2) el respeto a las consultas comunitarias y a su derecho al consentimiento libre previo e informado, así como el derecho de sus comunidades a decidir libremente las prioridades y formas de desarrollo; 3) la reparación de los daños causados a las comunidades afectadas por la represa Pueblo Viejo Quixal (Chixoy) en base al plan de resarcimiento acordado con las comunidades afectadas; y que 4) el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), antes de autorizar estudios de impacto ambiental para nuevas hidroeléctricas en la cuenca Chixoy-Usumacinta, realice una evaluación independiente del impacto socio-ambiental causado por las hidroeléctricas existentes y en construcción en las cuencas de los ríos Chixoy, Copón y Xalbal,[45] y que además estudie los efectos en los ríos y comunidades de los municipios de Uspantán, Ixcán, Cobán, Sayaxché, Las Cruces y La Libertad.[46]
 
Conclusión
 
Vemos que si el gobierno de Otto Pérez Molina insiste en concesionar proyectos hidroeléctricos de alto impacto ambiental y social como Xalalá, es porque en esta fase de privatización del sector a él le corresponde hacer lo que el poder imperial de los organismos financieros internacionales y sus aliados locales establecieron para este momento.
 
No es verdad, pues, que los “Presidentes de Guatemala” gocen de soberanía en sus decisiones. Si es cierto que el cargo les confiere autoridad, también es verdad que durante su mandato se consagran a realizar los designios del imperio y del gran capital nacional y transnacional: “Sólo dos Presidentes ha tenido Guatemala: Arévalo y Árbenz. Los demás han sido administradores coloniales”.
 
Contundente y certera afirmación del defensor incansable de los intereses nacionales, Rafael Piedrasanta Arandi.
 
Jorge Murga Armas
Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.     
 


[1] Véase Jorge Murga Armas, Guatemala en el Plan Puebla Panamá. Las tramas de este modelo de integración regional, Revista Economía, No. 169, IIES, Guatemala, julio-septiembre 2006, pp. 51-81.
 
[2] Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
[3] Más de 15 días de huelga de los trabajadores del sector eléctrico forzaron a Vinicio Cerezo a destituir a su padrino Roberto Balsells de la presidencia del INDE. Vinicio Cerezo, debemos decirlo, había nombrado ilegalmente en el cargo a ese millonario empresario que a través de sus empresas Aerolux y Telectro también proveía al INDE. La fuerza de los trabajadores también le obligó a asumir el compromiso de no privatizar el INDE y evitar el alza de las tarifas eléctricas.
 
[4] Dicha comisión estuvo integrada por Edgard Heinemann, Peter Lamport, Juan Luis Bosch, Alfredo Chinchilla, Gustavo Anzueto Vielman y Víctor Suarez Valdez.
[5] El contrato original fue firmado en 1992 por la EEGSA y la transnacional Texas Ohio Power (TOP) y luego trasladado a ENRON. Con el 37% de las acciones hasta su quiebra en el 2003, ENRON estaba asociada en Guatemala con las empresas Common Wealth Development Corp. y Centrans Energy Services (CES) que poseían el 63% de las acciones. En ese momento, ENRON empezaría a generar 110 megavatios de energía eléctrica a través de su subsidiaria Puerto Quetzal Power. Véase Luis Solano, El negocio de la electricidad: transformación de la matriz energética y sus impactos, en El Observador, Análisis alternativo sobre política y economía, Recursos naturales y energéticos en manos privadas, Año 3, No. 16, Guatemala, Diciembre 2008 - Enero 2009, pp. 3-34.
[6] En ese proceso participaron los empresarios guatemaltecos Oswaldo Méndez Herbruger, Roberto López, Henrik Preuss, Marco Antonio Lara Paíz y Raúl E. Arrondo. Ibid., p. 22.
 
[7] Integrada por Víctor Suárez Valdez, Fernando García Molina y Leonel López Rodas. Este, debemos decirlo, presentó una propuesta de privatización durante el gobierno de Serrano Elías y otra durante la administración de Ramiro de León Carpio. Este asesor del Congreso que después se convertiría en un millonario empresario ligado al negocio de la energía, ocupó durante el gobierno de Álvaro Arzú entre otros cargos el de Ministro de Energía y Minas.
[8] “La pretendida Ley General sobre Electricidad, decía el CACIF, no es nada más que una imposición del Banco Mundial, la cual se utiliza como pretexto para posponer el proceso de desmonopolización”. Véase: Inforpress Centroamericana, Fricciones gobierno-CACIF por veto presidencial, edición del 26 de enero de 1995.
[9] elPeriódico, 22/01/2008.
 
[10] Véase Alfredo Ankermann, El legado del megaproyecto Chixoy: Sangre, sudor y lágrimas, en El Observador, op. cit., pp. 51-65.
 
[11] Mientras que entre 1980 y 1989 el precio promedio de la electricidad para el consumidor creció 44%, entre 1990 y 1998, en pleno proceso de privatización, el alza fue de 145%. Así, el precio del kilovatio que en 1989 se ubicó por debajo de los Q0.22, en 1998 alcanzó un poco más de Q0.54. Luis Solano, op. cit., p. 21. 
 
[12] El 21 de octubre de 2010, el Grupo EPM de Medellín, Colombia, compra el 80% de las acciones de la EEGSA al consorcio integrado por Iberdrola de Energía, S.A., Teco Power Services y EDP-Energías de Portugal, S.A. 
 
[13] Luis Solano, op. cit., p. 25.
 
[14] Ibid.
 
[15] Véase Jorge Murga Armas, El costo social de la producción de agrocombustibles en Guatemala, Boletín Economía, No. 6, IIES, Guatemala, junio 2011.
 
[16] En el 2008, 6 de las 19 empresas generadoras de electricidad eran propiedad de alguno de los 15 ingenios azucareros del país: Central Agroindustrial Guatemalteca, S. A. (Ingenio Madre Tierra), Compañía Agrícola Industrial Santa Ana, S. A. (Ingenio Santa Ana), Concepción, S. A. (Ingenio Concepción), Ingenio La Unión, S. A., Ingenio Magdalena, S. A., Pantaleón, S. A. (Ingenio Pantaleón). Luis Solano, op. cit., p. 25.   
[17] “La actual matriz de energía eléctrica depende en un 46% del petróleo (bunker) para su generación, el que ha tenido constantes incrementos a nivel internacional lo que ha impactado en los costos de energía del país”. Ministerio de Energía y Minas. Comunicado de prensa, 25/05/2008. 
[18] Después de varios años de abandono, e inmediatamente después de la divulgación del Plan Puebla Panamá, el gobierno de Alfonso Portillo recuperó el “Proyecto Hidroeléctrico Xalalá”. Véase INDE, Plan Maestro de Electrificación Nacional, Guatemala, 2001. En el 2008, a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, el gobierno de Álvaro Colom retoma el proyecto. Véase: CNEE, Plan de Expansión Indicativo del Sistema de Generación 2008-2022, Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Guatemala, 2008.
 
[19] Véase Luis Solano, op. cit., pp. 12-14.
 
[20] Comunicado del Consejo del Pueblo Maya K’iche’, Guatemala 02/10/2013. 
[21] CIFCA, Informe de investigación sobre Guatemala. Proyecto Xalalá ¿Desarrollo para todos? Impactos y obligaciones en derechos humanos del Estado de Guatemala en la planificación y construcción de la hidroeléctrica y represa Xalalá, Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México, noviembre de 2008. 
 
[22] Ibid., p. 16.   
[23] Prensa Libre, Estado reconoce crisis energética, Guatemala, 05/03/2008.
 
[24] Inforpress Centroamericana, No. 1723, Hidroeléctrica a licitación, Guatemala, septiembre 2007.
[25] CIFCA, op. cit., p. 21.
 
[26] Ibid., p. 21.
 
[27] En el 2008 se hablaba de un modelo semiprivado donde una empresa ejecutora conformada en un 80% por capital extranjero y en un 20% por capital nacional se encargaría de la construcción. También se habló de “un modelo privatizado por completo”. Véase Prensa Libre, Dudas por licitación del proyecto Xalalá, Guatemala, 04/03/2008; y Prensa Libre, INDE está dispuesto a impulsar Xalalá, Guatemala, 08/11/2008.
[28] Colectivo Madre Selva, Caracterización de la biodiversidad de la zona de influencia de la central hidroeléctrica Xalalá, Quiché-Cobán, Guatemala, 2008.
[29] Santiago Botón Simaj, ¿De qué sirve la luz para quienes no quieren ver la luz?, Pastoral Social de Ixcán, Guatemala, enero de 2007.
[30] CIFCA, ibid., p. 21.
[31] Ibid.   
[32] Santiago Botón Simaj, op. cit.
[33] Trabajada por el autor en base a la información que proporciona el documento de la Pastoral Social de Ixcán, el INDE y CIFCA.
[34] Entre otras declaraciones e instrumentos de Derechos Humanos, el Estado de Guatemala es signatario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), EL Pacto de Derechos civiles y Políticos (PIDCP), el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención Interamericana de Derechos Humanos y, además, ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales. CIFCA, op. cit., p. 25.
[35] Ibid.
 
[36] La Constitución Política de la República estipula en su artículo 1 que “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”. Por otra parte, en su artículo 46 reconoce la preeminencia del Derecho Internacional de los derechos humanos sobre el derecho interno. Esto significa que los derechos humanos “deber ser aplicados y tenidos en cuenta por todos los poderes del Estado, a saber el ejecutivo, el legislativo y el judicial”. Más aún, el artículo 46 establece que “serán nulas ipso jure las leyes (…) que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza”. Ibid.
 
[37] Con la promulgación de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Decreto número 52-2005, del Congreso de la República, los Acuerdos de Paz adquirieron carácter de compromiso de Estado. Esto hace imperativo el desarrollo de acciones concretas para su cumplimiento por parte de todas las instituciones públicas y personas individuales y jurídicas de la sociedad. Sobresalen el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y el Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado. Ibid.
 
[38] CIFCA, op. cit., p. 27.
 
[39] Santiago Botón Simaj, op. cit.
[40] CIFCA, op. cit., p. 37. 
 
[41] Ibid. 
 
[42] El 89.74% de la población rechazó el proyecto Xalalá y la explotación petrolera en la Consulta de Buena Fe realizada en el municipio de Ixcán el 20 de abril de 2007.
 
[43] 25,260 personas rechazaron la construcción de hidroeléctricas y la explotación minera en la Consulta de Buena Fe realizada en el municipio de Uspantán el 29 de octubre de 2010.  
 
[44] Véase: Prensa Libre del 07 y 26 de julio, del 22 de agosto y del 04 de septiembre de 2012; elPeriódico, 30 de julio de 2012. El oficio de la Asociación de Comunidades para el Desarrollo y Defensa de los Recursos Naturales (ACODET) dirigido al Presidente de la República y otras autoridades de gobierno razona y denuncia el problema. ACODET, Guatemala, 15 de octubre de 2012. Véase también: ACOGUATE, Delegación de Ixcán, Cobán y Uspantán reivindica sus derechos en el marco del proyecto de la hidroeléctrica Xalalá, del 08 de enero de 2013.
[45] “A lo largo del Río Chixoy estarían, la hidroeléctrica de Río Negro cerca de Sacapulas, la represa e hidroeléctrica de Chixoy y donde está ubicada su sala de máquinas comenzaría la represa e hidroeléctrica Xalalá. Por otro lado, a lo largo del Río Copón se prevé la construcción y finalización de otras hidroeléctricas. Al igual que en el Río Chixoy, la siguiente hidroeléctrica esta inmediatamente arriba del embalse Xalalá planificado. CIFCA, op. cit., p. 41.
 
[46] ACODET, op. cit., pp. 6-7.
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