Informe del caso

Asesinato de Julio García: Dos años de impunidad y olvido

18/04/2007
  • Español
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Português
  • Opinión
-A +A
El presente informe analiza el caso del periodista chileno Julio García, quien fuera asesinado la noche del 19 de Abril de 2005, durante las manifestaciones que concluyeron con la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez; surge como una necesidad para visibilizar un hecho que ha sido olvidado por la opinión pública de nuestro país y por el cual ninguna persona ha sido sancionada, detenida, ni siquiera acusada en los últimos dos años, permaneciendo en la impunidad mientras sus familiares esperan una justicia que parece nunca llegar.

“A los militares no hay que confiarles ni un saco de alacranes”, decía Julio cuando ya todos nos habíamos convencido de que debíamos votar por Gutiérrez. El movimiento indígena lo respaldaba y ésa era una garantía. No, decía Julio, levantando los tres dedos que le quedaban en su mano derecha y como recordándonos que los militares chilenos lo habían torturado: “No. A los militares no hay que confiarles ni un saco de alacranes”.

Lo de su militancia como defensor de los derechos de las personas es muy conocida, su labor en la CONAIE, su acompañamiento a Monseñor Leonidas Proaño, su trabajo de sindicalista minero en Chile, su detención y exilio en el Ecuador, el trabajo con las comunidades indígenas que tienen proyectos con el FEPP, entre muchas otras acciones de Julio. Ahora queremos recordarle por otras cosas, por aquellas que pudimos mirar los vecinos del barrio, las cosas que vivimos en una esquina de uno de los últimos barrios tradicionales de Quito.

Julio era cascarrabias, no lo ocultaba; se enojaba fuertemente frente ante lo que consideraba injusto o se alejaba de sus objetivos; pero también era capaz de una profunda ternura y cariño. Manchas, el perro de la vecindad, perro casi callejero, quizá era el que mejor sabía de su carácter. Era el perro regañado cuando había público, pero varias veces lo encontramos jugando con él. “Es que este huevón se deja querer”, decía, como justificando su cariño.

No había apuro que no pueda esperar cuando nos encontrábamos con Julio a la salida de la casa o en el jardín de la calle Salazar, que había acogido como propio, pues iniciaba una conversación que no paraba nunca: hablábamos de política, del barrio, de Chile, de Monseñor Proaño y de sus plantas, de los robos del toronjil. “Esta gente es huevona, se llevan la mata de toronjil. ¿Por qué no esperan que crezca para que se lleven solo unas hojitas para hacer sus aguas, y así sirve para todos?, decía Julio cuando desaparecía cada planta que sembraba. Hoy la última planta de toronjil que sembró está ya grande. Alguien de vez en cuando se lleva “unas hojitas para hacer sus aguas”.

Emprendedor solitario de proyectos locos, como aquel de controlar la velocidad de los autos que manejan los “niñitos bien” de la SEK de Guápulo, que habían convertido la calle en autopista. Julio construyó un rompe velocidades, todo feo, más angosto y alto de lo reglamentado; trajo a la televisión para contarles por qué lo construyó, se peleó con el socialcristiano que vive en la esquina que argumentaba que eso iba a dañar sus autos y finalmente el montículo quedó ahí, y está ahí, protegiendo a los niños que juegan en la calle con sus bicicletas o a quienes bajan a apurados por las gradas de la Salazar y cruzan la calle sin mirar. Los niñitos bien de la SEK dejaron de correr, pero se han instalado en la esquina, a la sombra del toronjil, para beber. ¡Cómo nos hace falta Julio en el barrio!

Muchas veces Julio cuestionó nuestro trabajo como defensores de derechos humanos; no le gustaba nuestra lentitud, exigía acciones más prácticas, más directas, que busquen la justicia sin tanta burocracia. La indignación de Julio ahora es también nuestra. Hoy cumplimos dos años de su muerte y no hemos podido hacer nada. Su caso duerme en la fiscalía y ni siquiera su muerte ha sido tipificada como delito. Pero también, al cumplir dos años de su muerte queremos ratificar nuestro compromiso de buscar justicia, más allá que su caso sea o deje de ser noticia; ratificamos nuestro compromiso porque fue un defensor, compañero de muchas causas justas y un amigo que solía decir verdades, aunque duelan.

Luis Ángel Saavedra
Presidente de INREDH


I. INTRODUCCIÓN


El presente informe analiza el caso del periodista chileno Julio García, quien fuera asesinado la noche del 19 de Abril de 2005, durante las manifestaciones que concluyeron con la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez; surge como una necesidad para visibilizar un hecho que ha sido olvidado por la opinión pública de nuestro país y por el cual ninguna persona ha sido sancionada, detenida, ni siquiera acusada en los últimos dos años, permaneciendo en la impunidad mientras sus familiares esperan una justicia que parece nunca llegar.

El documento está estructurado en tres partes: una primera de análisis de contexto, titulada “antecedentes”, en la cual se analizan las circunstancias que llevaron a la destitución del Coronel Gutiérrez, principalmente las coyunturas y acuerdos políticos que finalmente terminaría por permitir el regreso del ex-presidente prófugo Abdalá Bucaram, tras la disolución de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional; lo que a la postre se convertiría en el detonante de la efervescencia ciudadana que terminaría exigiendo “que se vayan todos”, como la expresión más verdadera del descontento popular con las clases políticas y con la forma de hacer política en el país.

La segunda parte del documento, titulada “hechos”, relata la historia de lo sucedido en las calles del Quito durante el mes de Abril de 2005, cuando miles de ciudadanos de forma espontánea salieron a las calles a protestar y fueron duramente reprimidos por un aparato estatal capacitado y perfeccionado en el ejercicio de acciones de control, persecución y disuasión. Existe un especial énfasis en la noche del 19 de abril, previa al derrocamiento del Coronel, donde se detalla los sucesos que, en el marco de una manifestación pacífica y democrática de miles de personas, terminarían con la muerte del periodista chileno. Además, existe una pequeña síntesis que hace referencia a los presuntos autores intelectuales de la represión, encabezados por Lucio Gutiérrez y sus colaboradores más cercanos, a más de los autores materiales, cuya identificación se establece entre los entonces más altos mandos de la Policía Nacional que, lamentablemente, se prestaron para realizar las acciones tristemente recordadas en el presente documento.

Finalmente, y como la parte más preocupante de lo sucedido, se presenta un relato del proceso de investigación y sus avances durante estos dos años, que lamentablemente no ha sabido responder al clamor de justicia de los/as familiares de Julio García y más bien se ha convertido en un espacio más para la impunidad y el olvido.

No podemos dejar de mencionar que el presente informe se enmarca en el contexto de la defensa de los defensores y defensoras de derechos humanos, pues Julio García, antes de ser un gran fotógrafo o camarógrafo chileno que se refugió en el país, fue un defensor de las causas justas, un luchador por los derechos de los más desposeídos, que utilizó su cámara como instrumento de denuncia, su filmadora como archivo de la dramática situación de quienes más sufren y menos tienen en nuestro país. Julio García fue un defensor de derechos humanos cuya labor es ejemplo de sacrificio y su muerte constituye un recuerdo de la importancia que tiene el tomar una opción de lucha frente a las injusticias del sistema.

Este informe, dirigido a las autoridades máximas del presente gobierno pretende no solo denunciar la impunidad, en espera de alguna acción que permita sancionar a los culpables de este trágico suceso, sino además pretende concienciar a todo/a aquel que lo lea, para que comprenda que la labor de defensa de derechos humanos es una tarea no solo reservada a las ONG´s que reciben asistencia internacional, a los abogados y abogadas que luchan por las causas justas, a las autoridades que tienen en sus manos la obligación de garantizar estos derechos, sino además, y sobre todo, a la ciudadanía común y corriente que, desde cualquier espacio en el que desarrollen su trabajo, puedan coadyuvar para el respeto de los derechos y el imperio de la justicia para todos y todas.

En este sentido, resulta particularmente importante la labor de los periodistas que, al igual que Julio García, deben comandar la labor de denuncia de las arbitrariedades, de la corrupción y de las acciones que atentan contra los derechos humanos; esta labor de formación y orientación objetiva de la opinión pública es trascendental en una sociedad caracterizada no solo por la cultura de la impunidad, sino además del conformismo, de la pasividad e individualismo que nos impide reaccionar frente a las injusticias que día a días se nos presentan y que, lamentablemente, se han trasformado en algo casi cotidiano y tolerado. Los medios de comunicación, en este y otros casos, tiene también la responsabilidad de no dejarlos en el olvido, de superar el sensacionalismo momentáneo, y hacer un seguimiento permanente de estos hechos, más allá de la efímera noticia.

II. ANTECEDENTES

Para poder comprender la dimensión de los hechos ocurridos la noche del 19 de Abril, cuando el periodista Julio García fue asesinado en un crimen de Estado que aún no ha sido sancionado, es importante establecer el contexto en el cual actuó el gobierno del Coronel Lucio Gutiérrez.

Antes de ello es importante recordar el perfil de Lucio Gutiérrez, quien se posesionó ante la opinión pública el 21 de Enero del año 2000, cuando conformó parte de un grupo de militares sublevados que, apoyados en la masiva movilización indígena presente en la ciudad de Quito, retiraron su apoyo al entonces presidente Jamil Mahuad, quien finalmente fue destituido.

De esta forma, “mediante el operativo del 21 de enero, donde aparecieron ante las cámaras con sus uniformes de camuflaje, Gutiérrez y sus compañeros de promoción capitalizaron la lucha que durante meses –y años- había desarrollado el movimiento indígena. No obstante, una vez que se tomaron el poder se lo entregaron a un superior jerárquico, el General Carlos Mendoza, de quien Gutiérrez era su pupilo favorito. Éste a su vez llamó secretamente al vicepresidente Gustavo Noboa, en la madrugada del 22, para que asumiera el poder. En su momento, Mendoza describió los hechos como `una estrategia de distracción` para evitar que los indos llegaran al poder y así mantener el statu quo, promoviendo así uno más de los cambios de forma y no de contenido que han caracterizado al país desde el retorno a la democracia” (1)

Sin embargo, el acercamiento con el movimiento indígena estaba dado y la imagen de Gutiérrez como un militar patriota, honesto y con una gran conciencia social, estaba sentada. Finalmente estas serían los dos condiciones fundamentales que lo llevarían al poder posteriormente.

Una vez en Carondelet, Gutiérrez recordó lo aprendido cuando fue edecán del ex Presidente Abdalá Bucaram, quien fue destituido luego de que los militares le retiraron su apoyo -sumado a su experiencia adquirida en enero del año 2000, se propuso fortalecer a los aparatos represivos del Estado, conciente de que en el Ecuador, la última palabra en la permanencia o derrocamiento de un gobierno democrático la tiene la institución castrense.

Así, en febrero de 2003, el presupuesto para la defensa subió en un 40%, alcanzando los 641.1 millones de dólares (638.5 millones para el ministerio de Defensa y 2.6 millones para el Consejo de Seguridad Nacional) y de igual forma se hicieron significativos aumentos en los presupuestos de las filas policiales, de cerca de 32 millones de dólares (16 millones para el presupuesto de Asuntos Internos), para superar los 400 millones de dólares anuales de presupuesto (2).

A más de ello, se ubicaron a militares en cargos estratégicos del Gobierno, en desmedro de los intereses de la clase indígena con la que paulatinamente se iba marcando un distanciamiento. “En el gabinete ministerial fueron nombrados los militares del 21 de enero: el Coronel Carlos Arboleda, maestro de Gutiérrez en la Academia de Guerra y su mentor espiritual, fue nombrado Ministro de Energía y Minas; el Teniente Patricio Ortiz se convirtió en ministro de Bienestar Social; el Coronel Patricio Acosta fue designado Secretario General de la Administración Pública; el Coronel Glauco Bustos, director de la Unidad de Desarrollo Norte; el Teniente Coronel Eddy Sánchez fue nombrado representante titular del Ejecutivo ante el Consejo Directivo del IESS. El capitán Guillermo Rosero fue nombrado presidente de Petroecuador. El también capitán Mauricio Galindo, amigo de Gilmar Gutiérrez, fue nombrado gerente de Pacifictel. La lista era extensa. (…) De los 21 gobernadores provinciales, 18 fueron escogidos de entre las filas de Sociedad Patriótica, la mayoría de ellos eran antiguos uniformados. Según la revista Blanco y Negro, Sociedad Patriótica había colocado en Petroecuador y sus filiales a 200 de sus miembros con sueldos de entre mil y 7 mil dólares”. (3)

De esta forma el Coronel Gutiérrez iba consolidando su maquinaria represiva, a la que se sumaban, cuando la eventualidad lo requería, buses con gente contratada y traída desde las provincias y sectores más pobres del país. El ex-presidente había trazado su estrategia de gobierno mucho antes de llegar al poder, “en entrevistas concedidas a la prensa, un mes antes de las segunda vuelta presidencial, en octubre de 2002, el candidato de uniforme militar verde oliva resumía su contradictoria visión política: `Yo voy a cambiar el país. Voy a gobernar con mano dura, pero también voy a dialogar con todos los sectores… En mi gobierno no quiero tener paros ni movilizaciones sociales o indígenas´. Gutiérrez empezaba a olvidar que la alianza con las organizaciones sociales e indígenas era la que lo había llevado a las puertas del poder”. (4)

Tras el acercamiento servil con los Estados Unidos, sumado a la discriminación realizada en contra del movimiento indígena al otorgarles solamente la dirección de los ministerios de salud, educación y relaciones exteriores, a los pocos meses de inicio del su período de gobierno se produciría el rompimiento definitivo. Atrás quedaban las promesas de trabajar para el pueblo y sólo se vislumbraba una CONAIE debilitada y desestructurada tras las certeras maniobras políticas del régimen.

Con el transcurso del tiempo la imagen del Gobierno se fue minando y en Octubre de 2004 ya se planificaba en el Congreso Nacional un juicio político, tras las denuncias de desvío de fondos para financiar la campaña política de Sociedad Patriótica, realizada en días anteriores cuando se efectuaron las elecciones seccionales a nivel del país. Una vez más Lucio Gutiérrez hizo gala de su capacidad como estratega y rápidamente volteó al Congreso a su favor.

De un solo golpe la Corte Suprema de Justicia del País fue disuelta, previamente se había disuelto al Tribunal Constitucional para garantizar que el organismo de control no pudiera declarar como inconstitucional la disolución de máximo Tribunal de Justicia. Aún se pueden constatar los efectos de estas acciones, puesto que el Estado ecuatoriano esta siendo demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por estos lamentables hechos.

Una vez que se rifaron los cargos para ser magistrados en la Corte Suprema de Justicia, uno de los amigos más cercanos del ex-presidente Adbalá Bucaran, Guillermo Castro Dáger, tristemente recordado como el “Pichi” Castro, llegó a ser presidente del máximo tribunal. No tardaría en vislumbrase el verdadero interés existente tras la disolución de la Corte y los acuerdos ocultos que se habían realizado para alcanzar un objetivo que, finalmente, terminó siendo la gota que derramó el caso: el apoteósico retorno de Bucaram al Ecuador.

Además de la Comisión Interamericana, otra instancia internacional se vería preocupada por esta serie de arbitrariedades, y en este sentido, el Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Leandro Despouy, visitó el Ecuador inmediatamente y concluyó en su informe oficial que: “El 25 de noviembre de 2004 se destituyó de manera inconstitucional a los miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral. Con posterioridad, el 8 de diciembre de 2004, el Congreso Nacional persistió con este comportamiento y destituyó también a los 31 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (…) la nueva Corte Suprema de Justicia -llamada \"de facto\" por amplios sectores de la población- adoptó una decisión de enorme trascendencia política: declaró la nulidad de las causas seguidas en contra de dos ex presidentes de la República, Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa, y un ex vicepresidente, Alberto Dahik. Esto agravó las tensiones sociales y
políticas del país y extendió la crisis al conjunto de instituciones. Ante las crecientes protestas y manifestaciones populares, el Presidente Lucio Gutiérrez, mediante decreto ejecutivo de fecha 15 de abril de 2005, destituyó a la Corte Suprema elegida ilegalmente el 8 de diciembre de 2004, al mismo tiempo que declaró el estado de emergencia en la ciudad de Quito. Por su claro corte autoritario, ambas decisiones recibieron el rechazo de la mayor parte de la ciudadanía del país” (5)

Es más, no solamente se creó el marco para el rechazo mayoritario de la población nacional, sino que esta nueva disolución de la Pichi Corte, constituyó el fundamento para destituir a Gutiérrez, por haber abandonado el cargo, tras haberse arrogado funciones que no le correspondían y, por tanto, dejar de ser presidente para convertirse en dictador. Bastante creativa la interpretación de nuestros legisladores quienes también estaban involucrados en las protestas, dado que la ciudadanía también exigía su salida. “Que se vayan todos” era la consigna que se escuchaba en Quito en aquellos días y aún perdura este sentimiento de inconformidad con el manejo político que se ha dado en el Congreso del país, los últimos 20 años de supuesta democracia.

El coronel selló su futuro político la segunda semana de septiembre cuando se reunió con Abdalá Bucaram en Panamá. El encuentro lo distanció de los socialcristianos, aliados de cuidado, y lo llevó a los brazos del Partido Roldosista. El encuentro de Gutiérrez con Bucaram se produjo poco antes de las elecciones de alcaldes en octubre. Las elecciones confirmaron resultados que se anticipaban: una derrota del PRE, una pobre actuación de Sociedad Patriótica, y un relativo crecimiento del PSC y la ID en sus bastiones tradicionales: Guayaquil y Quito, respectivamente)

La lectura que posiblemente hicieron los partidos ganadores de sus triunfos les llevó a tomar una decisión clave: el inicio de un juicio político al presidente de la República. Había llegado el momento de la revancha para los dos grandes partidos ID y PSC, que terminaría con una emocionada Cintia Viteri posesionando al sucesor, Alfredo Palacio, en momentos en que la ciudadanía agolpada en las instalaciones de CIESPAL pedía la disolución del Congreso; curiosa forma de legitimar el inicio de un Gobierno, mediante el reconocimiento por parte de una Institución –entonces y ahora- totalmente deslegitimada. Detrás del acto protocolario de la futura candidata presidencial estaban los altos mandos militares, que horas antes habían dictado el veredicto definitivo e inapelable: el retiro de su apoyo y la consecuente caída del régimen.

Sin embargo, la revancha no llegó desde el enjuiciamiento político, en el cual estuvo marcado por la impopularidad y bajísima credibilidad del presidente. El momento crucial llegó el día mismo en que debía definirse su suerte en el Parlamento. En una jornada parlamentaria convulsionada, la oposición descubrió con desconcierto que había perdido la mayoría; que el Gobierno la había desbaratado y logrado torcerla a su favor. Tras la derrota del juicio político, vino una impresionante ofensiva para controlar el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral y la pieza mayor: la Corte Suprema de Justicia. Toda esa operación gracias a una alianza con el PRE, el Prian, Sociedad Patriótica y los diputados independientes.

La ofensiva tuvo un mérito: mostrar de manera descarnada la manipulación de las instituciones políticas, por parte de los partidos. Mostró sin pudor que no cuentan los marcos constitucionales, las reglas, que solo importa de qué lado está la mayoría. Ese asalto a las instituciones provocó una crisis de constitucionalidad insostenible. Paralizó al sistema político y llevó al colapso a las instituciones. El golpe que dio el Gobierno deslegitimó el poder concentrado en ellas. Se sabía de antemano que los tribunales actuarían a favor de los partidos de la mayoría, que la Corte de Justicia fallaría a favor de Bucaram y sus socios, y que el Congreso haría lo propio. En la medida en que esos poderes actuaban desde fuera de la ley, desde fuera de la Constitución, sus decisiones serían impugnadas como ilegítimas. Se habló entonces de Gutiérrez como un dictador. En cierto sentido, el gobierno se enfrentó a una gran paradoja: controlar unas instituciones cuyo poder había quedado destruido. Controlaba un poder que no podía ejercerlo legítimamente. Aún más, como se vio después, cada vez que lo utilizaba, se desprestigiaba más el propio Gobierno, era un poder que funcionaba en su contra. (6)

La llegada de Bucaram a Guayaquil desencadenó todo un movimiento social, que tras nueve noches de protesta nocturna y la participación dirimente de los militares -guardianes de la democracia- terminó con la caída un régimen democráticamente electo, que perdió su legitimidad con la misma premura con que lo adquirió.

En este contexto de convulsión social, irrespeto por las instituciones democráticas, corrupción, nepotismo y crisis institucional, se perdió algo más que la dignidad e imagen del país: la vida de un hombre, de un periodista, la vida un ciudadano que como tantos otros ejerció su derecho a la participación política desde el único lugar en que todavía existe cabida para hacerlo: desde las calles.


III. HECHOS

1.- La represión en Abril del 2005

Cuando el líder roldosista volvió de su autoexilio en Panamá, tras haber sido sobreseido de por los casos mochila escolar y gastos reservados por los que era enjuiciado, retorno logrado con un acuerdo político entre Sociedad Patriótica y el PRE, un sentimiento de inconformidad, desencanto, injusticia y, sobretodo, repudio hacia los partidos políticos se apoderó de los/as ecuatorianos/as y dio paso a la ola de protestas y movilizaciones masivas que acabarían destituyendo al Coronel Gutiérrez.

Entre las circunstancias que forjaron este desencanto de la ciudadanía con el Gobierno estuvieron las imágenes que la televisión nacional transmitía con amplia cobertura y en señal directa para todo el país, en las que se podía observar a un frenético Bucaram que despotricaba insultos contra sus consabidos adversarios políticos, llamándolos piratas o marihuaneros, entre otros epítetos propios de su vulgar carisma, a más de regocijarse de su presencia en el país al grito de “llegó papá”.

Al día siguiente, Gutiérrez caminaba desde Carondelet hasta la Catedral para asistir a una misa en honor al Santo Padre, y en el corto trayecto recibió una silbatina por parte de todos y todas cuantos lo vieron pasar cerca, acompañada de los gritos “Gutiérrez, alcahuete de Bucaram”. En los días siguientes se convocarían los primeros paros y movilizaciones, primero en la sierra y luego en todo el país; evidentemente era la oportunidad idónea para poner a prueba a los policías y militares que habían sido entrenados por Estados Unidos, en el marco del programa antinarcóticos, y a aquellos entrenados por España y Francia en técnicas antimotines. (7)

Los primeros actos de desacato a la ahora totalmente desacreditada autoridad surgieron espontáneamente ante la Corte Suprema de Justicia de Facto, recientemente instaurada y se manifestaron mediante ensordecedores pitazos de todos y todas quienes pasaban cerca del edificio donde funcionaba el máximo tribunal de justicia del país, ahora en la manos del “Pichi” Castro. Posteriormente, el 5 de Abril de 2005, cientos de trabajadores judiciales insatisfechos acudían a este mismo edificio con rebaños de burros y ovejas para ocupar las instalaciones inferiores del mismo; aquel día, miles de manifestantes de las Asambleas de Quito y Pichincha intentaban marchar hacia el Congreso Nacional pero eran dispersados por un contingente de 1.500 policías que lanzó abundantes gases lacrimógenos a la multitudinaria concentración. (8)

El Alcalde de Quito Paco Moncayo y el entonces Prefecto de Pichincha, Ramiro Gonzáles, denunciaron que los policías disparaban los gases apuntando al cuerpo de los manifestantes, “los policías allí parapetados ejecutaba la Orden de Operaciones No. 2005-008-P3-CP-DMQ `Disturbios´ durante las concentraciones, marchas, manifestaciones a desarrollarse en Quito desde el 05 de abril en el Distrito Metropolitano de Quito. Este plan disponía la movilización de 13 diferentes unidades policiales, entre las cuales jugaron un siniestro papel protagónico el grupo antimotines y la jefatura de la Inteligencia de Pichincha (…) Entre los puntos que contempla esta Orden de Operaciones hay algunos preocupantes, por ejemplo (…) la tarea E dice que las fuerzas policíacas `procederán a impedir el avance de las posibles marchas o manifestaciones en contra del Gobierno en las inmediaciones del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional, la Plaza Grande y demás dependencias públicas, y en caso de ser necesario hará uso progresivo de gases para disolver las marchas´” (9)

Estaba entonces decidida la tónica que determinaría el desarrollo de las protestas y la caída del régimen de Gutiérrez: La Represión mediante el uso de gases lacrimógenos, que aumentaban en cantidad e intensidad en forma progresiva al aumento del descontento popular y el número de manifestantes. El tono de las manifestaciones fue subiendo paulatinamente y poco a poco cada sector, cada barrio, cada familia de la capital fue adquiriendo conciencia frente a la dimensión de las actuaciones políticas del Gobierno.

El 13 de Abril se realizó un paro de 24 horas en Pichincha, Chimborazo y Azuay. Se llevaron a cabo concentraciones masivas en el parque El Arbolito y en la plaza del Consejo Provincial. Ambas marchas se concentraron en la avenida 10 de Agosto y fueron inmediatamente reprimidas por el cuerpo policial que había amanecido esperando a los manifestantes, listo para utilizar los gases lacrimógenos. “Entre las primeras víctimas se encontraban Edgar Zúñiga, herido en la pierna, y Patricio Vargas, impactado en la oreja, por bombazos policiales. (…) Al final de la tarde se contaron 89 víctimas: 85 asfixiados y 4 heridos por bombas y traumas”. (10)

Esa noche, mientras el régimen celebraba en Carondelet el triunfo de Gutiérrez, quien incluso emitió una cadena nacional para proclamar su triunfo rotundo y condenar a los supuesto lideres de la fallida paralización; en el sector de la Tribuna de los Shyris, al norte de Quito, de forma espontánea empezaban a reunirse las familias de quiteñas, niños y niñas, ancianos, jóvenes, padres y madres de familia, quienes sin que ningún líder los convocara, asistieron a este sector, llevando una cacerola o una bandera del Ecuador para protestar. El germen de una inconformidad ahora se había convertido en desprecio por todo el sistema. Cuando apareció un piquete policial se produjo la inmediata represión con los consabidos gases lacrimógenos. Tras la disolución de la concentración espontánea, un grupo de ciudadanos se dirigió a la casa de Gutiérrez, en el norte de Quito, para exigir su salida del Gobierno.

Al día siguiente, Gutiérrez minimizó ante la prensa la manifestación de la noche anterior y calificó de “un grupo de forajidos” a las personas que había ido a protestar a su casa a las 12 de la noche, amenazando incluso con enjuiciarlos. Desde eso momento la ciudadanía se apoderó del término y cada persona que llamaba a Radio la Luna -centro en el confluían las llamadas y opiniones de todos y todas las personas inconformes con el régimen- se identificaba como forajido/a, dando su número de cédula. Se estaba afianzando la que luego sería llamada como la rebelión de Quito.

La tónica se repitió las siguientes noches de aquella semana y, mientras la ciudad trabajaba en el día, la gente se movilizaba a protestar en la noche. Se sucedieron varias ingeniosas maneras de protestar contra el régimen: El reventón, el tablazo, el pitazo, el mochilazo, el frenazo, etc. y por su parte, la represión era similar a la ocurrida en días anteriores: golpes de tolete, detenciones y, sobre todo, gases asfixiantes en grandes cantidades y de forma indiscriminada.

El 15 de Abril, Gutiérrez tomó una decisión que a la postre terminaría por acelerar su salida del Gobierno y justificaría su destitución por parte del Congreso: declaró el Estado de Emergencia en la ciudad de Quito y disolvió a la Corte Suprema de Justicia, mediante decreto 2752. Luis Aguas, entonces Comandante del Ejército, manifestó su desacuerdo con este Estado de Emergencia, transmitiendo de esta forma a Gutiérrez el mensaje de los mandos medios de las Fuerzas Armadas y de toda la institución.

“La inconformidad en el Ejército es generalizada, según fuentes castrenses. La gota que colmó el vaso fue la llegada de Adbala Bucaram, así como la serie de actos de corrupción de familiares e incondicionales del Coronel Gutiérrez, especialmente de su hermano Gilmar”. (11)

A más del descontento militar, el mejor amigo de Gutiérrez -Estados Unidos- ahora tomaba distancia. La entonces Embajadora Norteamericana, Kristie Kenney “se movilizó discretamente hasta el Palacio de Gobierno y le dijo al presidente que el decreto de emergencia había sido contraproducente y que mejor lo levantara. En la tarde Kenney emitió un comunicado en el que mantenía el respaldo al Gobierno pero desde la distancia. En el pedía al presidente `no afectar las garantías constitucionales y la población de Quito no violentarse ´”. (12)

Sin el respaldo incondicional de las Fuerzas Armadas, con el repudio total de la población y con el Gobierno Norteamericano a la distancia, Gutiérrez se vio obligado a levantar el Estado de Emergencia que el día anterior había decretado “porque había cumplido su objetivo”. (13) Sin embargo, esta rectificación no produjo el resultado esperado por el régimen, y las protestas continuaron pese a que Gutiérrez anunció que había conversado con el entonces presidente del Congreso Omar Quintana, para que el Parlamento retomara el tema de la nueva Corte Suprema de Justicia.

Esa noche cientos de manifestantes de todos los sectores de la Capital salieron a repudiar al gobierno con una consigan: “Lucio fuera”, a la que se sumaba otra más radical que representaba el malestar generalizado de la población con todos los/as políticos/as del país: “Que se vayan todos”. Cuando la marcha llegó al centro histórico “los bombazos fueron disparados al corazón de la manifestación. Allí había decenas de niños y madres; centenares de jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. En cuestión de segundos todo era caos y miedo. El humo de los gases lacrimógenos se colaba rápidamente por las estrechas calles del centro. Al tratar de escapar de los gases, los niños caían estrepitosamente al pavimento; algunos vomitaban y otros se cubrían desesperados el rostro irritado por el químico. Los padres recogían a sus hijos, los abrazaban y corrían con ellos en busca de un lugar para ponerse a buen recaudo. Los disparos de los bombazos no cesaban”. (14)

El día domingo 17, la situación continuó igual; la ciudadanía espontáneamente se reunían para exigir la salida de Gutiérrez del gobierno, ya sea desde los barrios, en el Estadio o en las calles; aquella noche la gente se dirigió nuevamente hacia Carondelet y nuevamente fue reprimida con los gases lacrimógenos. “Los uniformados intentaban dispersar la manifestación que entonces cantó el Himno Nacional. Fue hora y media de gases lacrimógenos, en las diferentes bocacalles donde estaban los marchantes; a las 2:00 hubo un receso”. (15)

“El balance de víctimas de la Cruz Roja durante ese fin de semana fue de 15 personas con síntomas de asfixia y dos personas atendidas por impacto de bomba y trauma”. (16)
El Lunes 18 de Abril las protestas continuarían y la represión policial de igual manera; Gutiérrez estaba acorralado y cada vez más recurría a tácticas de guerra para acorralar a los manifestantes en las calles del Centro Histórico y bombardearlos indiscriminadamente con gases. Finalmente, a través de Radio la Luna, que para entonces se había convertido en la emisora porta estandarte del movimiento forajido y servía de enlace para coordinar las diferentes formas de protesta ciudadana, se convocó a una marcha multitudinaria para la tarde del día siguiente, Martes 19 de Abril, que saldría desde la Cruz del Papa en la Carolina.

2.- La muerte de Julio García


La noche del martes 19 de Abril la ciudadanía se convocó en el sector de la “Cruz del Papa” a las 17h00, para exigir al gobierno del presidente Coronel Lucio Gutiérrez y al Congreso Nacional, que renunciaran a sus funciones. A la manifestación asistieron miles de personas de toda condición, niños, mujeres, anciano. Ente ellos Julio García en compañía de sus hijas.

“Para las 18:00, al menos cien mil personas gritaban consignas contra Lucio Gutiérrez y agitaba banderas amarillo, azul y rojo (…) Decenas de miles de hombres, mujeres, niños, ancianos y adolescentes, muchos de los cuales avanzaban cantando y bailando, se pusieron a caminar por la avenida Amazonas rumbo al centro de la ciudad”.(17)

Aproximadamente a las 20:00, la marcha se encontró con un ejército de policías: 5.450 uniformados esperaban a los forajidos, fuertemente armados con gases lacrimógenos tipo granada o disparados por escopetas, “habían recibido la orden de no dispersar la manifestación, sino de disparar al cuerpo de los manifestantes y de hacerlo en los sectores donde más concentración de gente hubiera”. (18)

“Incontables bombas lacrimógenas comenzaron a llover sobre las primeras filas de manifestantes, entre los cuales había sobre todo estudiantes universitarios. Detrás de ellos, 150 mil personas, que copaban la 10 de Agosto hasta la avenida Patria, pedían avanzar. Los agredidos no tuvieron más remedio que correr calle abajo para refugiarse en las vías aledañas de la gigantesca nube de gas lacrimógeno y así tratar de evitar la asfixia. En la estampida muchos quedaban caídos. Los primeros asfixiados y heridos fueron asistidos por otros manifestantes, que los trasladaron hasta varias ambulancias del 911 y la Cruz Roja, pero era tal su número que los jóvenes paramédicos no se daban abasto”.(19)

Los manifestantes avanzaron por vías secundarias hacia el Centro Histórico que estaba completamente fortificado. Un grupo se desvió hacia las calles Manuel Larrea, Vargas, Riofrío; otro se dirigió hacia el sector del parque de la Alameda. En este segundo grupo se encontraba un periodista realizando su labor, cubriendo los sucesos con su lente y como muchos, defendiendo la democracia en el Ecuador.

A la altura de la calle Sodiro, en el sector de la maternidad Isidro Ayora, el grupo de policías que bloqueaba las calles 6 de Diciembre y Gran Colombia, se abrieron y permitieron seguir a un nutrido grupo de manifestantes, luego se cerró, esto permitió que miles de personas quedaran acorraladas en el parque. Igual procedimiento se dio a la altura de las calles Guayaquil y Caldas, cercando a los manifestantes en el centro histórico
Emboscados los manifestantes, ingresó por el parque La Alameda (6 de Diciembre y Sodiro), un poderoso contingente de la Policía Nacional del Ecuador, a los que luego se los denominaría “robotcop”, por sus trajes acorazados; estuvieron acompañados de autos antimotines, caballería, perros amaestrados. El personal de operaciones especiales empezó a reprimir a la manifestación y a bombardear a la muchedumbre con una desproporcionada cantidad de gases lacrimógenos de alta concentración química.

El efecto de los gases era más potente y asfixiante que el de días anteriores, pues se utilizó el gas tipo CS, mucho más fuerte que el tradicional CM utilizado por la Policía ecuatoriana. “El CS tiene la característica de causar ardor y lagrimeo de los ojos, irritación de la piel y de las vías respiratorias. Además, puede provocar reacciones alérgicas si la exposición es permanente. La bomba tiene otra particularidad: se adhiere al cuerpo, a la ropa, a los muebles o equipos, durante largos períodos, y en condiciones húmedas su olor y efecto irritante perduran”. (20)

Julio García acompañado de otras personas logró ingresar por la calle Guayaquil, al Centro Histórico de la ciudad, cuando la Policía los emboscó, lanzando gases lacrimógenos por atrás de la multitud, en el interior de la cuadra que queda entre las calles Guayaquil y Flores. En realidad no había sido por coincidencia que este grupo de manifestantes pudieran entrar al centro histórico y luego fueran atrapados; pues, como se dijo, la Policía utilizó como estrategia el acorralamiento de los grupos ciudadanos a quienes se les permitía avanzar hasta encontrarse con la siguiente cuadrilla de uniformados, para entonces ser cercados por los policías que estaban detrás e inmediatamente bombardeados con gases lacrimógenos de lado y lado.

“Eran las 21:30. A la altura de la calle Mejía, un nuevo escuadrón policial, dirigido por el Coronel Marco Rivadeneira, disparó una gran cantidad de bombas sobre el grupo. Julio advirtió que un niño se encontraba dentro de la cortina de gases lacrimógenos y corrió hasta él para alejarlo del peligro. Hecho esto, se acercó hasta la gendarmería para increparle por su brutalidad, en un gesto que quedó registrado por la televisión chilena. Como respuesta, los policías volvieron a disparar una ráfaga de bombas sobre él”. (21) Julio García recibió todo el impacto del humo y no pudo soportarlo cayendo al piso sin respiración.

El Dr. Wilson Velástegui que se encontraba cerca del lugar y era parte de la manifestación, pudo presenciar el hecho, ante lo cual se acercó a Julio García, lo arrastró unos metros y le asistió inmediatamente con respiración bucal y masajes al corazón. Entonces el periodista fue asistido por la Cruz Roja Ecuatoriana que al constatar que no respiraba, se encargó de llevarlo en una ambulancia al hospital Eugenio Espejo donde dos médicos lo atendieron sin poder reanimarlo.

Tras la muerte de Julio García la protesta se radicalizó hasta el amanecer y el régimen respondió con más represión, “el Coronel Marco Ribadeneira, a cargo de la Plaza Grande, recibió de los militares que custodiaban la Presidencia la disposición de disparar los gases al cuerpo de los manifestantes que se encontraban en los alrededores, argumentando que era `una orden del presidente´ (…) A las 22:30, en las cercanías del edificio Benalcázar Mil, una bomba lacrimógena impactó en el rostro de un joven, que además fue detenido por la Policía. En ese mismo sector, un bebé de 9 meses fue atendido de emergencia por la Cruz Roja con síntomas de asfixia por una bomba que llegó cerca de la casa de su familia. Lo mismo ocurrió con otro niño de 10 años.

La Defensoría del Pueblo hizo un cálculo de las bombas lacrimógenas utilizadas por la Policía Nacional y las cifró en cinco mil, solo durante esa noche. A las 24:00, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos de Quito reportaban más de 300 personas atendidas por asfixia. El balance final de esa jornada incluiría además 80 semiasfixiados y 16 personas impactadas por bombas lacrimógenas”.(22)

3.- Los responsables


Más allá de los resultados que haya tenido la rebelión forajida, con el derrocamiento del Coronel Gutiérrez, su costo fue inaceptable. La vida de un ser humano no puede ser medida ni su sacrificio justificado, y aunque es imposible restituir a la familia de Julio la pérdida de un ser tan querido, parte del proceso de recuperación y compensación por este suceso está en gran medida supeditado a la sanción que se imponga a los responsables de esta trágica muerte.

En abril de 2005, la Cruz Roja registró un total de 568 víctimas: 78 personas heridas por bombas lacrimógenas o golpes, 333 personas con síntomas de asfixia, 141 personas evacuadas de casa y edificio y además, 2 personas muertas.23 Si bien es casi imposible encontrar al policía que disparo la bomba lacrimógena que produjo la muerte de Julio García, la descomunal represión de Abril de 2005 tuvo una serie de autores intelectuales y materiales

Entre los presuntos autores intelectuales podemos mencionar a:

Lucio Gutiérrez: En su calidad de máxima autoridad de la fuerza pública

Oscar Ayerve: Secretario General de la Presidencia. Asesor y amigo de Gutiérrez

Bolívar Gonzáles: Ministro de Bienestar Social de Gutiérrez, Cartera de Estado desde donde se coordinaba la venida de manifestantes pagados de otras provincias, quienes con engaños y a cambio de prebendas eran seducidos para venir a Quito a respaldar al Gobierno.

Carlos Arboleda: Gerente de la AGD, también participó organizando y coordinando a las movilizaciones anti-forajidas.

Gilmar Gutiérrez: fue uno de los más enardecidos auspiciantes de la represión.

Entre los presuntos autores materiales podemos mencionar a:

General Jorge Poveda: Comandante General de la Policía Nacional. Durante su gestión se reprimió duramente a las manifestaciones forajidas, hasta que presentó su baja voluntaria el 20 de Abril, horas antes del derrocamiento.

Coronel Gonzalo Mancero: Jefe de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, responsable del Brutal bombardeo la noche del 19 de Abril. Recibió y acató directamente las instrucciones del Gobierno.

General Gerardo Zapata: Subdirector de la Dirección General de Inteligencia. Realizaba la labor de espionaje a los “terroristas” que se oponían al régimen.

IV. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO PENAL LLEVADO POR LA FISCALÍA DE LA NACIÓN

Inicialmente, INREDH junto con otros organismos de derechos humanos presentaron la denuncia ante la Fiscalía de Pichincha por el asesinato del periodista Julio García, misma que fue conocida por el Agente Fiscal Dr. Borman Peñaherrera. De forma paralela, la entonces Ministra Fiscal Cecilia Armas inició de oficio una indagación previa tras haber tenido conocimiento de este hecho a través de la prensa y medios de comunicación. Finalmente, en razón del principio de arrastre de fuero (según el cual el fuero de la máximo autoridad implicada hace que a los/as involucrados en el caso se les aplique el mismo fuero) y puesto que entre los implicados se encontraba el Coronel Lucio Gutiérrez, quien había ejercido funciones de primer mandatario y por tanto lo debía juzgar el Ministro Fiscal General, la indagación previa fue trasladada completamente a la Fiscalía General de la Nación y signada bajo el número No. 36-2005-JCL.

La Ministra Fiscal Subrogante ordenó la recepción de las versiones de los Oficiales: Gral. Jorge Poveda, entonces Comandante General de la Policía; Gral. Luis Aguas; Tnte. Gral. Hernán Ayala Salazar; Vicealmirante Renán Sánchez Coba; Gra. Víctor Hugo Rosero; Ing. Oscar Ayerve, entonces Ministro de Gobierno; Gral Nelso Herrera Nieto, entonces Ministro de Defensa.

En el proceso se incorporaron varios documentos relativos a la participación de la Cruz Roja, que asistía la noche de los sucesos a las personas asfixiadas, entre ellas a Julio García, quien fue trasladado por una ambulancia de esta institución al Hospital Eugenio Espejo, donde se le suministró masaje cardíaco para intentar reanimarlo sin éxito, para finalmente determinar que la causa de su muerte fue una insuficiencia respiratoria aguda.

En la versión rendida por el Gral. Jorge Poveda, el 28 de abril de 2005, se afirma que la policía utilizó gases lacrimógenos y agua, que no son letales, que no se utilizó gas mostaza o pimienta y que jamás salieron con la intención de matar; sin embargo, por órdenes de Lucio Gutiérrez y Oscar Ayerve se debía disolver toda manifestación con gases. Además, el general Poveda ha manifestado que Lucio Gutiérrez le ordenó acatar sus instrucciones y disolver las manifestaciones a todo costo, sin utilizar para ello su criterio personal sino cumpliendo las disposiciones del entonces presidente, quién se haría responsable de estos sucesos; ante ello el General Poveda se negó a acatar estas instrucciones y presentó su renuncia irrevocable el día 20 de Abril de 2005.

Por su parte, el Vicealmirante Víctor Hugo Rosero, entonces Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en su versión afirmó que la actividad policial fue disuasiva y no represiva. Además, el Ing. Oscar Ayerve en su versión rendida el 26 de Abril de 2005 afirmó que no se responsabiliza de que se utilizaran medios persuasivos y no disuasivos, dado que la técnica policial recomienda y se sujeta al respeto por los derechos humanos; que no estaba de acuerdo con la declaratoria de Estado de Emergencia y que la policía no utilizó gas mostaza.

Posteriormente y contradiciendo las versiones relativas a la no utilización de gases mortíferos, la investigación recoge un informe realizado por el Instituto “Leopoldo Inquieta Pérez” cuyo diagnóstico fue: edema agudo de pulmón, hemorragia pulmonar focal aguda. Estómago: gastritis eritematosa aguda. Riñón: hemorragia focal. Hígado: esteatosis. Corazón: congestión. Causa de Muerte: edema agudo de pulmón, hemorragia pulmonar. Además de esto, existe un examen de sangre realizado a Julio García, en el cual se detectaron alrededor de 25 sustancias tóxicas: Cloroacetofenona, Clorobenclidenomolononitulo, Clorpicrina, Bromoacetona, etc.

A más de ello, se realizó el reconocimiento del lugar de los hechos, exactamente en las calles Guayaquil y Mejía, donde falleció Julio García. Otra evidencia está recogida en la lista de material represivo utilizado -sobre todo bombas lacrimógenas- solicitado por INREDH a la Fiscalía, donde se reconoce que entre el 11 de abril y el 21 de abril se usaron un total de 1789 unidades de gases lacrimógenos distribuidos de la siguiente manera: 1114 Proyectiles de Corto Alcance; 528 Proyectiles de Largo alcance y 147 Granadas lacrimógenas de mano.

En este punto cabe reflexionara acerca de la mortalidad de los gases lacrimógenos utilizados, que estaba dada no tanto por los compuestos químicos utilizados, sino por la cantidad excesiva con que fueron arrojados a la manifestación y que convierte a estos hechos en un crimen de Estado, que debe ser sancionado, tanto a nivel de sus ejecutores, cuanto a nivel de sus ideólogos y de los responsables de impartir estas órdenes nefastas.
Otro dato interesante es que Cecilia Armas, entonces Fiscal General de la Nación, solicitó la detención de Lucio Gutiérrez pero esta no pudo efectuarse por cuanto el coronel huyó del palacio de gobierno protegido por los militares. Además, se solicitó la detención de Bolívar Gonzáles, uno de los coidearios de la represión de Abril de 2005.

El 23 de enero de 2006, INREDH insistió a la Fiscalía General para que solicitara a los medios de comunicación copias de los videos y reportajes televisivos de aquella trágica noche del 19 de Abril. Hasta la fecha no se ha efectuado esta diligencia.

Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por intermedio del Relator de la CIDH para la Libertad de Expresión, se interesó en el caso. En este sentido, a través de cancillería, el Director del Área de Derechos Humanos, Augusto Saa, envió un cuestionario a la Ministra Fiscal General en el cual, entre una de las preguntas más significativas se encuentra una que busca determinar si Julio García efectuaba labores periodística al momento en que sucedieron los hechos. La Ministra Fiscal, Cecilia Armas, responde afirmando que la noche del 19 de abril Julio García se encontraba con su cámara de fotos, registrando imágenes de la represión, por lo cual sí se puede afirmar que se encontraba ejerciendo su labor periodística.

Las demás preguntas relacionadas con el estado de la investigación no son respondidas, con fundamento en el artículo 215 del Código de Procedimiento Penal, que determina en lo pertinente que:

Sin perjuicio de las garantías del debido proceso, las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial para el esclarecimiento del delito durante la indagación previa, se mantendrán en reserva. Sus resultados serán conocidos durante la etapa de instrucción. Los fiscales, los investigadores, los jueces, el personal policial y los demás funcionarios que habiendo intervenido en estas actuaciones, las divulguen o pongan de cualquier otro modo en peligro el éxito de la investigación, serán sancionados conforme a lo previsto en el Código Penal.

Cabe mencionar que la Corte Interamericana ha manifestado que los Estados no pueden excepcionarse de cumplir sus compromisos internacionales, alegando la violación a normas del derecho interno, pues ello trastocaría todos los cimientos del Derecho Internacional y lo reduciría a meras normas no vinculantes que, mediante la expedición de una ley, pueden ser derogadas o inobservadas por los Estados contratantes en perjuicio de la armonía y confianza de la comunidad internacional.

Finalmente, el 27 de febrero de 2007, la Cancillería insiste nuevamente en el pedido a la Fiscalía General de la Nación, para que responda al cuestionario proporcionado por el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y una vez más la Fiscalía se niega a enviar esta información, alegando una posible violación al artículo antes citado.

Durante todo el año 2006 y 2007, salvo por los oficios de Cancillería solicitando información, el proceso ha estado estancado en la Fiscalía, en la etapa de indagación previa, y no se han evacuado ninguna nueva diligencia probatoria, ni se han detenido a ninguna persona con fines investigativos. La indagación previa es una etapa pre-procesal, lo que implica que hasta la fecha no existen indicios de que este crimen vaya a ser sancionado conforme a la ley, puesto que no ha existido la apertura de un procedimiento penal destinado a este efecto.

V LA DEMANDA INTERNACIONAL: UNICA VIA PARA HACER JUSTICIA

La denuncia presentada por INREDH y otras organizaciones de derechos humanos fue formalmente tramitada, sin embargo, el Estado ha omitido su deber de sancionar a los responsables del asesinato de Julio García pues, desde los hechos de Abril de 2005; la muerte de Julio no ha sido eficazmente investigada, ni nadie ha sido detenido o llamado a juicio por estos hechos; por el contrario, un manto de impunidad cubre a todos los culpables cuyos actos y grado de responsabilidad no han sido esclarecidos.

El 21 de Abril de 2007 se cumplirán dos años desde que se dio inicio a la etapa de indagación previa ante las instancias investigativas nacionales. Según nuestro Código de Procedimiento Penal, “la indagación previa no podrá prolongarse por más de un año en los delitos sancionados con pena de prisión, ni por más de dos años en los delitos sancionados con pena de reclusión. Estos plazos se contarán desde la fecha en la cual el Fiscal tuvo conocimiento del hecho” .

Al haber transcurrido el plazo señalado sin que los autores, materiales o intelectuales, hayan sido sancionados, se evidencia que nuestra justicia se conforma por un aparato de investigación lento y que presenta serias limitaciones, y por una administración de justicia, en muchos casos, corrupta y comprometida; a más de lo cual, en el presente caso, están en juego los intereses de poderosos actores políticos vigentes en el escenario nacional.

Ciertamente estas circunstancias no deberían ser obstáculo para que, en un caso de asesinato tan evidente como el de Julio, los culpables sean sancionados, pero lastimosamente en nuestro país son pocos los casos donde influyentes figuras políticas son castigadas por sus delitos. Más bien el poder político genera un aura de impunidad en los acciones de quienes lo detentan, ya sea por sus vínculos, padrinazgos e influencias o por el simple temor de los jueces e investigadores para confrontarlos.

En el caso en análisis, la posibilidad cierta de que se inicie un proceso penal contra los responsables de este crimen de Estado se diluye entre la lentitud y la inoperancia de los investigadores; recordemos que la etapa de indagación previa es una etapa preprocesal en la cual se busca determinar la existencia de un delito y sus posibles responsables, es decir es una etapa en la cual todavía no se puede afirmar que se haya producido un delito porque justamente eso es lo que se analiza.

Según la doctrina manifestada por el tratadista ecuatoriano, Dr. Ricardo Vaca, a la etapa de indagación previa “también se la conoce como preprocesal o preparatoria, está constituida por los actos que se cumplen antes de la iniciación del proceso penal (...) Lo dicho significa que antes de que se inicie un proceso penal pueden y deben cumplirse importantes actos de investigación o de aseguramiento de elementos de convicción o de prueba”. Y finalmente el mismo autor concluye que “si las investigaciones no permiten identificar al posible responsable, no se podrá iniciar oficialmente el proceso penal” .

Entonces podemos afirmar que, jurídicamente, aún no existe un “proceso penal” propiamente dicho por el asesinato de Julio García, y que ni siquiera podemos utilizar la figura del asesinato para referirnos al mismo; insistimos, esto a nivel meramente jurídico, pues para la opinión pública nacional e internacional, y para quienes conocieron de cerca de este defensor de derechos humanos y vivieron su tragedia, es claro que la noche del 19 de abril de 2005 él fue asesinado. Una vez más las normas hipotéticas, generales y abstractas, conocidas como leyes, y las practicas legales de quienes las aplican están diametralmente opuestas a la realidad o generan espacios de verdades indefinidas, utilizando términos eufemísticos para referirse a la misma.

¿Qué puede hacer entonces la familia de Julio García y las organizaciones que han acompañado este infructuoso proceso? ¿Qué hacer ante la falta de respuesta o inacción de las autoridades nacionales? ¿Qué salida le queda a una ciudadanía que ya no creen ni confía en las instituciones que, con casos como el presente, han demostrado su ineficacia, acentuando la desconfianza en su labor y el propio descrédito ante la opinión pública?

Seguir esperando no es una respuesta. La espera ha sido larga -2 años- y seguirá siéndolo mientras los culpables de estos hechos no sean sancionados; no obstante durante este tiempo se ha ido configurando uno de los requisitos fundamentales para acceder a otras instancias donde exigir justicia: El Agotamiento de Recursos Internos. Efectivamente, la Convención Americana de Derechos Humanos establece, en su artículo 46, como un requisito previo a la presentación de la correspondiente demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”.

Nos referimos a la justicia internacional como la vía donde continuar luchando por la justicia, sin embargo debemos hacer dos puntualizaciones. Primera: a ella se acude cuando las instancias internas han sido agotadas y el afectado/a o sus familiares no han obtenido una reparación satisfactoria ante la violación de sus derechos, como en el presente caso y, segunda: cuando esto sucede, de por sí se puede decir que la sociedad ya ha perdido, puesto que las instancias nacionales no fueron, ni son capaces de dar una respuesta a los atentados contra los derechos humanos de la ciudadanía, lo que pone en cuestionamiento la funcionalidad misma del sistema.

La Corte Interamericana ha sido clara al señalar la importancia del derecho a la vida, cuando manifestó que: “El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. (…) Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él”.

A su vez, los estados tiene la obligación de garantizar los derechos humanos protegidos en la Convención Americana; esta garantía incluye el deber de investigar y sancionar a los responsables de su vulneración. Al respecto la Corte Interamericana ha manifestado que: “La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.

Una vez cometido el Crimen de Estado contra la vida de Julio García y agotados los recursos internos ante una administración de justicia inoperante, que no ha sabido resolver este caso y condenar a los responsables, las condiciones para presentar una demanda ante el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos están dadas, pues el Estado no ha garantizado uno de los derechos protegidos por la Convención, transgrediendo sus obligaciones internacionales adoptadas al ratificar este tratado y generando por tanto su responsabilidad internacional por sus actos. Las acciones legales y la lucha de los familiares y amigos de Julio no cesarán hasta obtener justicia. El Estado ahora deberá responder.

Notas

(1) MERINO, Gerardo; Abril Bombas mil: La represión desde el poder, Ediciones ABYA-YALA, Quito, 2005, Pág. 20.

(2) Observatorio de la Política Fiscal, Cartillas Educativas sobre Macroeconomía, “El Gasto en Defensa y asuntos internos”, Quito, 2005.

(3) MERINO, Gerardo; Abril Bombas mil: La represión desde el poder, Ediciones ABYA-YALA, Quito, 2005, Pág. 31

(4) Idem., Pág. 17.

(5 Organización de las Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Informe de Seguimiento Presentado porLeandro Despouy, Relator Especial Sobre La Independencia de Magistrados y Abogados, Misión de Seguimiento al Ecuador: E/CN.4/2006/52/Add.2, 31 de enero de 2006

(6) Toma de los criterios de Felipe Burbano de Lara, Un Triste Paso por el Poder,Diario “El Hoy”.

(7) Diario El Comercio, entrevista a José Vinueza, Ex-Comandante General de la Policía, 30 de mayo de 2005.

(8) Diario Hoy, 07 de Abril de 2005.

(9) MERINO, Gerardo; Abril Bombas mil: La represión desde el poder, Ediciones ABYA-YALA, Quito, 2005, Pág. 77.

(10) Idem., Pág. 91.

(11) Diario El Comercio, 17 de Abril de 2005.

(12) MERINO, Gerardo; Abril Bombas mil: La represión desde el poder, Ediciones ABYA-YALA, Quito, 2005, Pág. 111.

(13) Diario El Comercio, 17 de Abril de 2005.

(14) Diario El Comercio, 18 de Abril de 2005.

(15) Diario El Universo, 18 de Abril de 2005.

(16) MERINO, Gerardo; Abril Bombas mil: La represión desde el poder, Ediciones ABYA-YALA, Quito, 2005, Pág. 117.

(17) MERINO, Gerardo; Ediciones ABYA-YALA, Quito, 2005, Pág. 126

(18) Diario El Comercio, 20 de Abril de 2005.

(19) MERINO, Gerardo; Abril Bombas mil: La represión desde el poder, Ediciones ABYA-YALA, Quito, 2005, Pág. 127.

(20) Diario El Comercio, 20 de Mayo de 2005.

(21) MERINO, Gerardo; Abril Bombas mil: La represión desde el poder, Ediciones ABYA-YALA, Quito, 2005, Pág. 130.

(22) MERINO, Gerardo; Abril Bombas mil: La represión desde el poder, Ediciones ABYA-YALA, Quito, 2005, Pág. 131.

(23) MERINO, Gerardo; Ediciones ABYA-YALA, Quito, 2005, Pág. 153.

Quito, 17 de Abril de 2007

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)
https://mail.alainet.org/es/articulo/120624
Donaciones
dossier-guerra.jpg
0001.jpg
alem554.jpg
alem553.jpg
photo_2021-05-17_11-30-23.jpg
portada552.jpg
dossier_poscovid_2.jpg
p-alai551.jpg
1
2
3
4
5
6
7
8
previous siguiente
Suscribirse a America Latina en Movimiento - RSS