Narcodólares inundan bancos y financieras:

Ecuador: El blanqueo en el gobierno de Borja

23/03/1992
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 lavado dinero
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En 1990 se lavaron 500 millones de narcodólares en el sistema bancario y financiero. En 1991, ese rubro subió a 700 millones, según el diputado Fernando Larrea.

 

En el circuito producción—consumo de drogas el Ecuador ocupa el rol de país de tránsito y proveedor de precursores químicos para el procesamiento de cocaína en Colombia y Perú. Últimamente se ha convertido también en la “isla de paz” para los “lavadores” de narcodólares que han penetrado agresivamente en el sistema bancario y financiero y en distintas ramas de la economía del país. De este último tópico nos ocuparemos en este Tema Central.

 

Fenómeno internacional

 

Como lavado de dólares se conoce al conjunto de actividades financieras mediante las cuales los narcotraficantes convierten en activos legítimos los dineros obtenidos en el ilícito negocio. El lavado es tan vital como la producción misma pues asegura y permite a los narcotraficantes disfrutar de las ganancias.

 

El narcolavado es un fenómeno que se extiende por todo el mundo. Se calcula que cada año se blanquean entre 300 y 500 mil millones de dólares. Estados Unidos, pese a los controles impuestos, es el país que encabeza el proceso de lavado de dólares. El historiador mexicano Mario Aramburú sostiene, en un estudio publicado recientemente, que el narcotráfico se ha convertido en una de las ramas económicas más importantes de Estados Unidos. Según el estudio, los traficantes blanquean anualmente en los bancos estadounidenses 150.000 millones de dólares, que representan el 2.9% de su Producto Interno Bruto.

 

Para Aramburú “Estados Unidos ha establecido una política en la cual responsabiliza a los países latinoamericanos, principalmente del incremento en el consumo de drogas y olvida que los traficantes de su país controlan la mayor parte del mercado y se quedan con el 90% de las ganancias” (Boletín “Narcotráfico al día”, Nº 17, Comisión Andina de Juristas).

 

Otros centros en los que tradicionalmente se han lavado dólares —debido a facilidades como el secreto bancario— han sido Panamá, las Islas Caimán, las Bahamas, las Antillas Holandesas, y por supuesto Suiza y Hong Kong. La ampliación del secreto bancario, instaurado durante la dictadura militar, convirtió al Uruguay en un nuevo centro de blanqueo, principalmente de los carteles colombianos que en el tiempo de Noriega comenzaron a retirar sus dineros de Panamá debido a los problemas políticos.

 

El balneario de Punta del Este y las ciudades de Buenos Aires, Porto Alegre, Sao Paulo y Río de Janeiro son los lugares preferidos por los narcotraficantes para invertir sus capitales ya blanqueados en bienes inmuebles (Noticias Aliadas, Nº12, abril de 1991).

 

El blanqueo en el Ecuador

 

El Ecuador no está alejado del fenómeno del narcotráfico, que afecta a todos los países de Latinoamérica. El investigador Nelson Romero Simancas, en el estudio “La narcoquímica en la década de los ochenta”, señala que 7 organizaciones mafiosas controlan el mercado de la narcoquímica en el Ecuador y “que de una u otra manera logran lavar los 200millones de dólares que les produce la lucrativa actividad. Cabe anotar que en el país en 1989, se importaron 50 millones de dólares de estos precursores y solo el 10 por ciento fue utilizado en el país, según informes de la Escuela Politécnica Nacional. El resto, presuntamente, habría sido desviado hacia Colombia o Perú a los laboratorios de refinación de la cocaína.

 

Romero identifica 16 áreas en las que  se estarían blanqueando los dineros provenientes del narcotráfico: industria, agroindustria, comercio, bancos y financieras, bienes raíces, turismo, construcción, deportes, minería, arte y joyería, servicios a narcodefensores (compra de jueces y fiscales, compra de buffetes para narcodefensores, etc. ), blanqueo político (financiamiento de campañas electorales, auspicio a candidatos), blanqueo en trata de blancas, blanqueo en servicios de protección, blanqueo en servicios de inteligencia (compra de información) y blanqueo en otras áreas. Las principales provincias afectadas serían: Guayas, Pichincha, Esmeraldas, El Oro, Manabí, Azuay e Imbabura. De esta información se hizo eco la Comisión del Parlamento que investiga el lavado de dólares y la incluyó en un primer informe que presentó a la Presidencia del Congreso en diciembre de 1990.

 

Impacto en la economía

 

Según el diputado roldosista Fernando Larrea, quien preside la comisión que investiga el tema, en 1990 se lavan 500 millones de dólares en el sistema bancario y financiero del país. En 1991 este rubro aumentó a 700 millones de dólares, pese a que ya estuvo vigente la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas (expedida el 17 de septiembre de 1990) que tipifica como delito al lavado de narcodólares.

 

“Ahora que estamos por cerrar las primeras conclusiones - agrega Larrea- de nuestro trabajo podemos indicar que 184 personas han hecho transacciones por 1200 millones de dólares en un año. De estas personas, he obtenido información del Ministerio de Finanzas, con lo cual voy a poder demostrar que 59 han hecho operaciones por 636 millones de dólares en un año, y sobre eso, lo único que pueden justificar, vía contribución es 6500 dólares".  Respecto a las personas que hacen las transacciones en los bancos y casas de cambio, anota que estas no tienen “oficio ni beneficio" y que tendrá que investigar si se trata de hombres de paja o testaferros que prestan su nombre para hacer este tipo de operaciones, atrás de las cuales hay algún banco. “En todo caso, anota, no me cabe la menor duda que el sistema financiero ecuatoriano está siendo vulnerado o penetrado por los traficantes de drogas para poder lavar el dinero proveniente de su trabajo”.

 

Si son 700 millones de dólares los que se blanquean anualmente, como afirma el diputado Larrea, estaríamos ante un fenómeno de gran importancia para una economía como la nuestra, pues esa cantidad representa la tercera parte del presupuesto general del Estado.

 

El flujo de narcodólares hacia el sistema financiero habría permitido mantener al dólar en niveles relativamente bajos. “Lo que ocurre es que al hacerse de la vista gorda frente a un problema como estos, un gobierno reivindica para si la estabilidad de la divisa norteamericana y dice que eso es el resultado de la excelencia en el manejo de la economía del país, lo cual no es cierto, porque no puede justificarse la masa multimillonaria que se produce en el mercado y que el dólar esté en los niveles de 1300, 1350 o 1400 sucres”, señala el diputado roldosista.

 

Esta posición es compartida por el legislador socialcristiano Rómulo López Sabando, que también integra la Comisión que investiga el lavado de narcodólares. En una exposición efectuada en el Tercer Encuentro Parlamentario sobre lavado de narcodólares (Quito, 18 y 19 de febrero) López sostuvo que en el país existen tres vías para el ingreso de dólares al país: las exportaciones, que han decrecido; las inversiones nuevas, impedidas por la política monetaria que ejecutan las autoridades ecuatorianas, y los endeudamientos externos nuevos, que no se han presentado en grandes volúmenes. Sin embargo de esto existe un exceso de oferta de divisas en el país, por lo que el tipo de cambio se encuentra en 1.300 sucres y no en 4.000 como debería ser.

 

El silencio del “Superflaco”

 

En mayo de 1990, al polémico ex- socialista Fernando Guerrero, supertintendente de Bancos, se le deslizó una información cuando concurrió a la Comisión de Fiscalización y Control Político del Congreso: dijo que había evidencias de que dos bancos privados efectuaban operaciones de lavado de narcodólares. Todo el mundo esperaba que, tarde o temprano, diera los nombres. La prensa especulaba. Este semanario incluso reprodujo un artículo de una revista norteamericana especializada en temas financieros (Money Laundering Alert) en la que se denunciaba que el “Republic National Bank of Miami, propiedad del grupo económico Isaías del Ecuador, se encontraba en investigación jurídica en Estados Unidos por su vinculación en el lavado de narcodólares. De esta información se hicieron eco varios periódicos de circulación nacional. Pero el “Superflaco” Guerrero no dijo nada. Hasta que el finalmente se fue del cargo y se llevó el secreto. A la final es mejor callar, que meterse en problemas.

 

Pero la cosa no quedó ahí. En septiembre de 1990 la revista norteamericana Newsweek publicó un reportaje firmado por César Farah, corresponsal de la revista en el país, en el que se decía que se habían lavado 400 millones de dólares. Todo esto llevaba a pensar que el Ecuador estaba en la mira de los carteles colombianos, más aún cuando en esta misma época atravesaban por dificultades porque estaban enfrascados en una violenta guerra contra el Estado y la sociedad colombianos.

 

¿Imitando la ventanilla siniestra?

 

Estos antecedentes llevaron al Congreso a conformar una comisión especial que investigara el blanqueo de dineros calientes en el Ecuador, cuyo trabajo arrojó esta bola caliente.

 

La Junta Monetaria, el 21 de marzo de 1989, bajo la presidencia de Abelardo Pachano -quien al mismo tiempo se desempeñaba como gerente del Banco de la Producción— dictó la resolución Nº 596-89 mediante la que autorizaba a instituciones financieras “a cobrar comisiones por la emisión de cheques en dólares, contra la recepción de billetes dólares”. Es importante anotar que esta regulación habla exclusivamente de billetes dólares contra cheques dólares, careciendo por lo tanto de la generalidad que debería tener puesto que no se hace referencia en esta regulación a otras monedas extranjeras con excepción del dólar.

 

 “Adicionalmente, el 19 de octubre de i989, la Junta Monetaria expidió la regulación N° 631-89 a través de la cual se modifica la regulación anteriormente citada, eliminando la tabla para el cobro de la comisión antes referida, y permitiendo que “cada Banco o Institución Financiera determinara libremente los valores que cobrará” por varios servicios, entre los cuales está la “emisión de cheques en dólares contra la recepción de billetes dólares'. Se ratifica entonces en esta regulación el aspecto detectado en la regulación 596—89 de referirse exclusivamente al dólar, excluyendo a las demás monedas extranjeras” (Informe de la Comisión del Congreso que investiga el lavado de dólares, 21 de diciembre de 1990).

 

Con estas dos regulaciones cualquier persona podía acudir con cualquier monto billetes dólares a la ventanilla de un banco y convertirlos en cheques dólares; el banco cobraba su respectiva comisión, y como el lavado no estaba tipificado como delito: ¡todos felices y contentos!

 

En el informe de diciembre, la Comisión Especial del Parlamento concluyó que si bien con estas regulaciones no se inicia el lavado de narcodólares, sin duda, lo ha estimulado, pues el incremento de las transacciones en dólares coincide con la expedición de dichas resoluciones. Fernando Larrea piensa que de esta manera se reeditó lo ocurrido con la “ventanilla siniestra" abierta en el Banco de la República de Colombia, mediante la que se lavaron miles de millones de dólares en este país a partir de 1981.

 

La Comisión parlamentaria, en el citado informe, dio a conocer una lista de 19 bancos, 7 casas de cambio y 8 financieras que en el período comprendido entre marzo de 1989 y agosto de 1990 efectuaron transacciones de billetes dólares por el valor de 737 millones 800 mil dólares. ¿De estos, cuántos tienen su origen en la droga? Difícil saberlo. Pero la Comisión añadía que “ninguna de estas instituciones puede negar que exista el lavado de dólares proveniente del narcotráfico”.

 

 Y en otra parte del informe agregaba que los bancos debieron averiguar el origen de los fardos: “No es razonable el argumentar que el lavado de dinero proveniente del narcotráfico no constituyó delito, sino hasta septiembre 17 de 1990, cuando se expidió la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, habida cuenta que el lavado de dinero constituye parte concomitante del delito de narcotráfico. Tampoco constituye excusa el decir que la Superintendencia de Bancos no se preocupó del sistema en cuestión, pues toda organización y ciertamente la Asociación de Bancos, debe tener un código de ética que encuadre sus actividades”.

 

De otro lado, la Comisión censuró los testimonios efectuados por Andrés Vallejo, ex-presidente de la Junta Monetaria, y Eduardo Valencia, ex-gerente del Banco Central, debido a que han tratado de minimizar las cuantías involucradas (en el lavado de dólares) utilizando para el efecto, ciertos datos contenidos en la información estadística del Banco Central del Ecuador.

 

 Respecto a la labor de la Superintendencia de Bancos señaló: “Ni investiga, ni ha querido que se investiguen, amparándose en el sigilo bancario, al no enviar la información en forma oportuna”. Cabe anotar, sin embargo, que en estos momentos el superintendente de Bancos, Patricio Ávila, si ha prestado la colaboración que se le ha requerido a nivel de Congreso.

 

 Se derogan medidas…

 

 Así las cosas hasta diciembre de 1990. En 1991 se comienzan a efectuar controles, se derogan ciertas medidas e incluso se empieza a encausar penalmente a varios implicados.

 

 * El 12 de marzo de 1991 la financiera C&F de Quito fue enjuiciada por fiscales de Nueva York acusada de haber lavado unos 30 millones de dólares mediante operaciones de pequeñas órdenes de pago (money orders). La cambiaria fue liquidada por disposición de la Superintendencia de Bancos y dos de sus personeros, José Ribadeneira (director y accionista) y Albio Alzate (empleado), guardaban prisión en Estados Unidos.

 

 * El l7 de mayo, la Superintendencia de Bancos dispuso que los “bancos privados, las compañías financieras y las casas de cambio mantengan un riguroso control acerca de las transferencias que realicen en moneda extranjera por las sumas iguales o que excedan a los 2000 dólares, incluyendo una declaración sobre el origen de los fondos que depositan o inviertan en el banco o institución” (Intervención del superintendente de Bancos, Patricio Ávila, ante el Tercer Encuentro Parlamentario sobre lavado de dólares). Esta medida es complementaria a otra, adoptada en octubre del 90 en la que se determinó que las entidades que operan en la compra venta de divisas deben reportar a la Superintendencia las transacciones acumuladas mensualmente por una sola persona o entidad que alcancen o superen los 50.000 dólares, para posteriormente remitirla al Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes, CONSEP.

 

 * El 7 de agosto, la Junta Monetaria derogó, a petición de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, la parte pertinente a la polémica regulación 631— 89, que según la Comisión Parlamentaria estimulaba el lavado de dólares.

 

*El 13 de septiembre, el juez quinto de la penal, Dr. Máximo Ortega, por primera vez, inició autocabeza de proceso contra 12 personas supuestamente involucradas en lavado de dólares. Ellas son: Carlos Antonio Tapia Coral, Juan Badillo Gavilánez, César Castillo Cadena, Patricio Imbacuán Rosero, Jorge Gallegos Perugachi, Jacinto Medina Fuentes, Patricio Orozco Cabezas, Enrique Pulla Morocho, Laura Pulla, Juan Pulla, Jaime Sánchez y Reimberto Tapia Gallegos y Orozco. Todos están registrados en la DEA (Drug Enforcement Agency) de Estados Unidos como lavadores de dólares, según información del diario El Universo del 8 de diciembre de 1991. Según el diputado Larrea, el juicio debía extenderse a un total de 58 personas de las que tiene evidencias de estar inmersas en el delito. Y añade un hecho preocupante: “El problema del Dr. Ortega es que ya le están, desde Guayaquil, promoviendo un juicio de competencia para llevarse ese juicio a Guayaquil y que todo el mundo salga libre”.

 

 “Nosotros, como comisión hacemos una indagación, llegamos ante las instancias jurisdiccionales para que estas inicien los procesos correspondientes, porque no podemos convertimos en capturadores de las personas. Ahora, lamentablemente, ese tipo de gente sigue haciendo operaciones en los sistemas bancario y financiero. Ya nosotros demostramos como el señor Jorge Gallegos Perugachi, y la señora Narcisa Aspiazu, identificados por la DEA como narcotraficantes, sin embargo siguen haciendo operaciones en la banca, es decir se mueven con la facilidad con la que se desliza un pez en el agua”.

 

 

*El 26 de noviembre, la Asociación de Bancos Privados informó que había elaborado un Código de Conducta para exigir a sus afiliados la adopción de políticas y controles internos mínimos tendientes a evitar la utilización del sistema por los narcotraficantes.

 

 Sigilo e impunidad...

 

Uno de los pilares en que se asienta el lavado de dólares es el sigilo bancario. “Para mí –dice Fernando Larrea- el sigilo bancario se ha convertido en una alcahuetería que les proporciona un paraguas protector de impunidad a este tipo de gente que se dedica al lavado de dólares (...) El sigilo bancario es un instrumento que da protección para la privacidad de la actividad de las personas y para evitar que esas personas sean víctimas de una utilización o de un chantaje por parte de quien gobierna eventualmente. Eso es una cosa. Para eso está el sigilo bancario, pero éste de ninguna manera puede impedir u obstaculizar que se haga una investigación como la que tiene que hacerse con este tipo de delitos”.

 

Los banqueros, sin embargo, tienen una posición diferente: “Por descubrir a las delincuentes no se puede desproteger a una mayoría de clientes que hacen transacciones lícitas", dijo Eduardo Simón Pereira Cabral, presidente de la Asociación de Bancos Privados, al defender el sigilo bancario. Cabral, en la mencionada cita parlamentaria, manifestó que “mientras exista demanda de droga, habrá oferta y necesidad de blanquear dinero, por lo que el problema se torna educativo y cultural”.

 

Otro pilar del blanqueo de dólares, es la impunidad: “definitivamente lo que parece que existe es una gran cantidad de fuerzas y esfuerzos que garantizan la impunidad de las personas. Porque de otra manera no podría explicarse que pese a que nosotros venimos acudiendo ante las instancias jurisdiccionales, presentando pruebas, la Asociación de Bancos Privados la única cosa que dice es que ellos no son detectives, que los dólares no vienen marcados con un indicativo “esto procedente del narcotráfico", en fin, y que por último si un banco X no hace la operación, la hace el banco Z. Pero yo les he demostrado que aunque ellos tengan y hayan implementado códigos de ética y de conducta, sigue siendo vulnerado el sistema financiero, a tal punto que por eso lo denomino lavado de dólares El Síndrome de Inmuno Deficiencia Financiera. Este es el problema que está ocurriendo en nuestro país, en América Latina y en Estados Unidos, evidentemente", concluye Fernando Larrea.

 

Publicado en el semanario Punto de Vista, N° 511, 23-03-1992, p. 8, Quito - Ecuador

 

https://mail.alainet.org/es/articulo/192360
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