Nicaragua: Crisis institucional y caos jurídico

11/05/1995
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Con dos constituciones, dos cortes de justicia y una fuerte pugna que involucra al Legislativo, al Ejecutivo y a la Corte Suprema de Justicia que ya dura más de 11 semanas, la crisis política y el caos jurídico en Nicaragua han tocado fondo.

 

La manzana de la discordia constituyen las reformas de la Constitución sandinista de 1987, que fueron aprobadas, a fines de enero, por la Asamblea Nacional (poder legislativo) presidida por el demócrata cristiano Luis Alberto Guzmán.

 

La Asamblea Nacional dio al Ejecutivo un plazo de 15 días para que las promulgara en el diario oficial. Sin embargo, como la Presidenta Chamorro las rechaza, decidió no ponerlas en vigencia. Transcurrido ese plazo, Guzmán mandó a publicarlas el 24 de febrero. Desde entonces, Nicaragua tiene dos constituciones: para el gobierno está vigente la Constitución de 1987y para el Congreso rige la reformada.

 

La imposibilidad de los actores internos para llegar a un entendimiento llegó a tal extremo, que se requirió de mediación internacional. En efecto, por iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y los países amigos de Nicaragua (Canadá, España, México, Holanda y Suecia) se reunieron los cuatro poderes del Estado, para dialogar sobre la controversia. Tras cuatro prolongadas rondas de conversaciones, lo único que lograron fue que el Ejecutivo y el Legislativo renunciaran a seguir haciendo propaganda en favor o en contra de las reformas y que se respetara el período presidencial de Violeta Chamorro.

 

Este frágil e insuficiente acuerdo sin embargo quedó roto a raíz de que la Corte Suprema de Justicia, que venía funcionando con siete de sus 9 miembros, emitió un fallo en contra de las reformas constitucionales. Según la oposición parlamentaria, este fue un acto de "complicidad entre la Corte y el Ejecutivo".

 

La conformación de la Corte es otro motivo de disputa entre el Ejecutivo y el Parlamento, pues, de acuerdo a la Constitución reformada, el número de magistrados debe ser ampliado de 9 a 12 miembros. La Asamblea Nacional procedió a nombrar a los cinco magistrados que, según su criterio, faltaban, pero la Corte solo aceptó a uno de ellos, con lo cual completaba los ocho miembros que se requieren para hacer quórum y poder pronunciarse sobre el recurso presentado por los diputados pro-gobiernistas en contra de las reformas constitucionales.

 

La decisión de la Corte profundizó la crisis institucional pues la Asamblea Nacional desconoció a la Corte Suprema de Justicia, en tanto que para el Poder Ejecutivo es la única que tiene legitimidad. De esta manera, en Nicaragua parecen existir dos Cortes de Justicia.

 

El ambiente político elevó su temperatura a raíz de que el presidente del Congreso amenazara con destituir a la presidenta Violeta Chamorro y al presidente de la CSJ, Orlando Trejo.

 

Las Reformas

 

Las reformas constitucionales fueron aprobadas por una coalición de 71 diputados (de los 92 que integran la Asamblea Nacional) que incluye a renovadores sandinistas -que abandonaron las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional para formar el Movimiento de Renovación Sandinista-, democratacristianos, socialdemócratas, comunistas, liberales y conservadores.

 

Las enmiendas constitucionales se centran en aspectos formales de la democracia representativa, pero no recogen la esencia de los avances participativos logrados por la población en la década revolucionaria. Buscan modernizar el sistema político y hacer más transparente la gestión pública, otorgan al Congreso mayores poderes en cuanto a las decisiones económicas, políticas y a las negociaciones internacionales.

 

Con dichas reformas se suprime el servicio militar obligatorio y se consagra el carácter no deliberante del Ejército y la Policía. Pero el punto más conflictivo es el que tiene que ver con las condiciones para optar por la Presidencia de la República, pues prohíbe la reelección consecutiva y niega este derecho a los parientes del Presidente en funciones.

 

Con esta última disposición, se verían frustradas las aspiraciones presidenciales de Antonio Lacayo, yerno de "Doña Violeta" y actual Ministro de la Presidencia, que aspira a reemplazar a su suegra en enero de 1987, fecha en que expira su mandato.

 

La fuerte y cerrada oposición del Ejecutivo a las reformas se debe a que la Constitución de 1987 le ha otorgado amplios poderes para imponer su proyecto autoritario y fondomonetarista.

 

Indiferencia

 

Los sectores en pugna, antes que apelar a la movilización ciudadana para dirimir el conflicto han recurrido a una guerra publicitaria, de lo cual salen favorecidos los medios de información.

 

El enfrentamiento se desarrolla en medio de la indiferencia de la población preocupada más por la gravedad de su situación cotidiana que por los forcejeos en las cúpulas en el poder.

 

El desempleo abierto llegó al 24 %. Los compromisos del gobierno con el FMI contemplan despidos, hasta junio, de 8000 empleados públicos. Los niveles de pobreza extrema, inseguridad y delincuencia han aumentado vertiginosamente. Las demandas de los 600.000 ex-combatientes, desplazados de guerra, repatriados y refugiados, y de los 10.000 lisiados de guerra no han recibido una atención adecuada.

 

La popularidad del gobierno de Violeta Chamorro ha ido disminuyendo vertiginosamente, pues las promesas no se cumplen y la corrupción campea en las cúpulas del poder. Una muestra de ello, es la llamada "piñata chamorrista" reflejada en la falta de transparencia y en la venta, a precios irrisorios, de las empresas estatales. Estas se vendieron en 14 y 20 veces menos de su valor; el erario público poco se ha beneficiado, pues de los 195 millones de córdobas que se obtuvo de la privatización, 138 millones se gastaron en el proceso de negociación y venta.

 

La deuda externa, que asciende a 8 mil 64 millones de dólares, no ha podido ser renegociada. Cada nicaragüense debe 2 mil 697 dólares. El próximo gobierno heredará esta pesada carga.

 

Los elevados montos de ayuda internacional que el gobierno recibió, especialmente en los primeros años de su gestión, le permitieron estabilizar la economía y controlar la hiperinflación. Sin embargo, el régimen no ha conseguido reactivar la producción, especialmente en el agro, ni su prioridad es resolver el desempleo y recuperar la capacidad adquisitiva de la población.

 

El trasfondo de la pugna

 

En el trasfondo de este enredo jurídico se encuentran los intereses de los diversos actores políticos que aspiran a reemplazar a Violeta Chamorro.

 

El FSLN ha adoptado una postura de aparente neutralidad y ha criticado la falta de diálogo entre los dos poderes del Estado. Daniel Ortega, el dirigente más representativo del Frente, fue tajante al señalar que si los poderes legislativo y ejecutivo no solucionan la crisis "habría que mandarlos al carajo, y que el pueblo elija nuevas autoridades nacionales". Sin embargo, Sergio Ramírez, el ex- vicepresidente de Nicaragua que dirige a los sandinistas renovadores, salió al paso a estas afirmaciones y acusó a la "vieja guardia del FSLN" y a la "tecnocracia empresarial del gobierno" de querer "detener la reforma modernizadora".

 

Para Ramírez, Nicaragua siempre ha estado dominada por determinadas familias de conocidos apellidos y ahora "el cambio estructural, la transformación de la sociedad, la justicia económica, pasan por la participación democrática, y por la fuerza de las instituciones, más que por la fuerza de los individuos".

 

Los renovadores sandinistas se juegan a la carta del centro y aunque han mantenido una posición activa en favor de las reformas, han guardado silencio frente a la política económica del régimen.

 

El apoyo táctico FSLN al gobierno, le permitió al primero conservar las cuotas de poder en determinadas instituciones del Estado. Al mismo tiempo, parte de la cúpula sandinista, con el silencio del gobierno, se benefició de la llamada “piñata", un cuestionable reparto de los bienes confiscados a los somocistas o adquiridos durante el régimen sandinista. A cambio de ello, el régimen chamorrista pudo aplicar su plan económico neoliberal. Los acuerdos tácticos del FSLN con el régimen, le han impedido convertirse en una fuerza política alternativa, que canalice el descontento popular y se proyecte como una real opción de poder para el 97.

 

La crisis del sistema político y el descontento hacia el régimen chamorrista está siendo capitalizada por una alianza populista de derecha, encabezada por el alcalde de Managua, Arnoldo Alemán, quien se proyecta como la opción electoral más fuerte para suceder a Violeta Chamorro.

 

Sumidos en una profunda crisis política y económica, el descrédito y la división de sus fuerzas democráticas, el futuro de los nicaragüenses se presenta incierto e impredecible: en esta situación, los sectores que propugnan la ideología del libre mercado pueden pescar a río revuelto.

 

 Publicado en el Servicio Informativo Nº 212, ALAI, 12-05-1995, Quito

https://mail.alainet.org/es/articulo/193651
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