El Salvador y Costa Rica: Cuestionables pactos políticos

06/07/1995
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En Centroamérica, partidos políticos, antes enfrentados ideológicamente, suscriben acuerdos para viabilizar la aplicación de los planes neoliberales y privatizadores, pactos que han sido ampliamente cuestionados, por su falta de ética y por los intereses que esconden.

 

Costa Rica: Acuerdo para programa de reformas

 

Costa Rica ha vivido en un régimen bipartidista que ha permitido alternarse en el poder al Partido de Liberación Nacional (PLN), de tendencia socialdemócrata, y al Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), de derecha. Esos partidos, que mantenían diferencias formales, hoy se dan la mano en función del reparto del apetitoso pastel estatal.

 

En efecto, el pasado 12 de junio el presidente José María Figueres, de los registros del PLN, acordó con el ex—presidente Rafael Ángel Calderón, dirigente del PUSC, un programa de reformas del Estado.

 

Analistas consideran que el pacto Figueres-Calderón evidencia la falta de identidad de los partidos tradicionales, pues éstos se alejan de sus postulados originales, se desdibujan ideológicamente y se asemejan cada vez más.

 

"Al fin se quitaron la careta", dijo Rigoberto Salas, coordinador del Consejo Permanente de los Trabajadores, agregando que los políticos se reunieron "para repartir, vender y subastar el país a la clase rica nacional e internacional".

 

La dirigencia de los dos partidos es acusada de beneficiarse de la venta de la Fábrica Nacional de Alcoholes, de Cementos del Pacífico y de la privatización de las aduanas y de la banca. El Semanario Universidad dio a conocer una lista de 27 banqueros, políticos e industriales, que pertenecen al Partido de Liberación Nacional y al Partido Unidad Social Cristiana, relacionados con empresas y bancos favorecidos con el proceso privatizador.

 

Al interior del Partido de Liberación Nacional, sectores críticos sostienen que el partido se ha alejado de sus principios originales, para asumir las tesis neoliberales de sus ex-adversarios, los socialcristianos.

 

Durante la campaña electoral, el presidente Figueres prometió subir los salarios y redistribuir la riqueza; incluso repudió los planes de ajuste y señaló que adoptará una actitud prudente e inteligente ante la apertura y la privatización.

 

Al culminar los 13 meses de gobierno liberacionista, el manejo de la política económica presenta cifras críticas: la inflación bordea el 20%; han disminuido las exportaciones; el déficit fiscal alcanza el 8.1 % del Producto Interno Bruto y el desequilibrio de la balanza comercial es de 651 millones de dólares.

 

Sin una oposición sindical y popular fuerte, el régimen de Figueres ha asumido un programa neoliberal que contempla el desmantelamiento del aparato estatal, el recorte del gasto público, nuevos impuestos, despidos masivos y las privatizaciones. Su propósito es cumplir la meta, acordada con el FMI, de reducir el déficit fiscal a un 3.5% en este año.

 

El Salvador: Pacto de San Andrés

 

Si Costa Rica va por esta vía, el Salvador no se queda atrás. Esta vez, el gobierno de Armando Calderón Sol, de ARENA, al cumplir su primer año, suscribió nada menos que con los ex-guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo, hoy aglutinados alrededor del Partido Demócrata, el "Pacto de San Andrés. Desarrollo el nuevo nombre de la paz".

 

El pacto, en el que también participa la cúpula de la empresa privada, vino a constituirse en una especie de tabla de salvación para un gobierno que enfrenta un agudo desgaste y una creciente pérdida de credibilidad. El primer año del régimen arenista ha estado caracterizado por los altos niveles de corrupción e ineficiencia administrativa; el aumento de la delincuencia y del crimen organizado; una elevada conflictividad socio—laboral; y el resurgimiento de las organizaciones paramilitares.

 

Para el otro actor del controvertido pacto, el Partido Demócrata, escindido del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, el acuerdo representa la posibilidad de "hacer política priorizando el interés nacional". No obstante, sectores de opinión señalan que el acuerdo ha sido gestado y diseñado por un sector de la oposición (el Partido Demócrata), que con una concepción pragmática extrema, no desperdicia ocasión para ampliar su capacidad de influencia política.

 

Del pacto fueron deliberadamente excluidas otras fuerzas sociales y políticas, a las cuales no se les invitó a discutir previamente, y sin embargo, una vez dado a luz pública el acuerdo, se les planteó el dilema de sumarse o excluirse del mismo.

 

Los puntos de la agenda del pacto viabilizan la aplicación del esquema neoliberal en aspectos como la consolidación de la democracia formal, el respeto a la propiedad privada, la seguridad pública, la estabilidad macroeconómica, el fomento de la competencia y la incorporación del país al proceso de globalización.

 

Hay algunos puntos importantes como la defensa del medio ambiente y el apoyo a la pequeña y microempresa, pero a cambio de estas pequeñas concesiones, el régimen de Calderón Sol obtuvo el apoyo de los 7 diputados del Partido Demócrata para su proyecto de subir en un 13 por ciento el Impuesto al Valor Agregado, que según el gobierno, permitirá financiar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y cubrir el déficit fiscal.

 

Los diputados de oposición presentaron varias alternativas y se opusieron al incremento del IVA por considerar que afecta sobre todo a la población más pobre y no a los empresarios, quienes se convierten en simples agentes de retención de un impuesto que pagan los consumidores.

 

En esta época neoliberal y pos-modernista, ciertas fuerzas políticas han tomado muy en serio eso del fin de las ideologías y de hoy en adelante consideran que todo les está permitido: incluso aliarse con el mismo diablo con tal de conseguir sus objetivos.

 

Publicado en el Servicio Informativo Nº 216, ALAI, 07-07-1995, Quito

 

https://mail.alainet.org/es/articulo/193763
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