A proposito de Haití

Cooperación y asistencia militar en entredicho

El reciente magnicidio del presidente Jovanel Moise, ocurrido el 7/7 en Haití, ponen en tela de juicio no solamente la debilidad de la situación en el país más pobre del hemisferio, sino también la propia política exterior de los Estados Unidos sobre esta región del Caribe.

13/07/2021
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Washington siempre ha apoyado el statu quo autoritario y segregacionista de las castas mulatas. Desde inicios del siglo XXI, los gobiernos de EE. UU han ayudado a promover el contraste entre el movimiento Lavalas del expresidente Aristide, con la burguesía blanqueada apoyada por el Instituto Republicano Internacional norteamericano, que hoy en día se convierte en el gatillo de la actual crisis.

 

La situación de deterioro en lo social, lo político, lo ambiental (terremoto 2010) y lo económico en Haití, confirman los serios problemas de gobernabilidad debido a la inestabilidad política y la convergencia de intereses geopolíticos diversos (litio y titanio), por parte de la burguesía capitalista. El 2011 reemplazó en el gobierno, al movimiento Lavalas formada por el expresidente Aristide. Durante las gestiones de los mandatarios Martely y Moise (2017/2021), se consolidó un alto grado de pobreza, la presencia frecuente de diversas formas de criminalidad, bandas armadas, así como vínculos sospechosos en la Policía Nacional.

 

La situación empeora desde la perspectiva del nuevo entretelón del escenario latinoamericano: se produce un renovado giro a la izquierda desde Cuba, México, Venezuela, Nicaragua, hasta Argentina, Bolivia, y próximamente el 2022 en Brasil, Colombia y Chile. Cuando ampliamos el foco hacia la situación generada en Venezuela y más recientemente en Cuba a pesar de la Resolución de la ONU que por 184/2 votos condena la continuidad del bloqueo, observamos el énfasis de la injerencia externa a nivel de la seguridad y los servicios de inteligencia. En verdad, pone en relieve las estrechas vinculaciones entre dos hechos: (i) la proliferación de aparatos privados de seguridad diseminados en los diversos países, y (ii) los alcances de la cooperación policial y militar emprendida desde los años 50 por el Departamento de Defensa norteamericanos, en todos los países del hemisferio: de la cual emanan la Junta Interamericana, el TIAR y los recientes aprontes sobre amenazas a la seguridad. Ambos factores están estrechamente interrelacionados.

 

El asesinato de Moïse a manos de 26 mercenarios colombianos incluido un teniente coronel, vincula a una empresa de seguridad CTU Security con sede en Florida en manos de Antonino Intriago, ciudadano venezolano vinculado al político opositor Juan Guaidó. Por otro lado, es extraño la poca reacción de las fuerzas de seguridad haitianas.

 

No conforme con la triste e histórica trayectoria de impunidad de las FFAA de América Latina en materia de respeto a los DD. HH, los referidos hechos reproducen una situación de incertidumbre, de cara al futuro. Incluimos la existencia de procesos de penetración de casos de corrupción en el plano castrense, como ocurrió en el Perú durante el período del asesor Vladimiro Montesinos (1992-2000) en pleno fujimorato, y ha vuelto a ocurrir con motivo de la interceptación de audios comprometedores sobre desenlace electoral en el Perú, desde la Base Naval donde es custodiado.

 

Durante los primeros lustros, Washington impulsó el uso de elementos militares para la lucha contra el narcotráfico, con serias consecuencias para el honor y la moral de las FFAA: caso del VRAEM con más de treinta años bajo estado de emergencia. En los últimos años, como parte de los nuevos roles establecidos para las Fuerzas Armadas latinoamericanas desde el Pentágono (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation) les han adjudicado crecientes tareas, incluidos la lucha contra el crimen organizado (particularmente interdicción de tráficos ilícitos incluido el flujo migratorio en México y América Central), acciones diversas de asistencia humanitaria y atención desastres, interdicción marítima a través de diversos ejercicios, hasta lo más reciente en la lucha contra el Covid.  América Latina tiene 17 de las 20 ciudades más violentas del mundo. El caso mexicano en su guerra de décadas de lucha contra los carteles de narcotráfico es una muestra palpable de las serias limitaciones que tienen para combatir con eficiencia el funcionamiento del mercado de la cocaína, la metanfetamina y la heroína.

 

Ahora, lo muestran recientes experiencias de crisis políticas ocurridas en la región, frecuentemente atizadas por la presencia de grupos paramilitares de origen externo, principalmente colombiano. Estamos frente a un progresivo proceso de privatización de servicios de seguridad e inteligencia en cada país latinoamericano. Casi podemos hablar de la existencia de nuevas modalidades de actividades mercenarias proscritas por el derecho internacional, como ha ocurrido en los casos de Bolivia, Venezuela y ahora Haití. Ocurrió con el apoyo castrense a la usurpadora Jeanine Añez el 2019. Recientemente, se ha conocido el rol de elementos de las FFAA argentinas durante el periodo de Macri, para apoyar logísticamente el golpe contra el presidente Evo Morales.

 

Traemos a colación las operaciones encubiertas desmanteladas en territorio venezolano, con participación de ciudadanos militares norteamericanos. Han sido sucesivos hechos, que desencadenaron los intentos de atentado mediante la ‘‘Operación Gedeón” de mayo 2020. Ahora mismo en el Perú en pleno debate sobre la proclamación del presidente Castillo, las voces conservadoras llaman a la participación de las Fuerzas Armadas, exoficiales se han pronunciado en contra de la amenaza del comunismo, invocando incluso la posibilidad de un golpe de estado.   

 

El rol de apoyo a la democracia por parte de subcontratistas del AID, tales como National Endowement for Democracy que han operado a nivel hemisférico, regional o dentro de los límites nacionales. Luego, en las operaciones contra el terrorismo fundamentalista en Irak, Colombia asumió un rol en la tarea de conseguir elementos reclutados desde Blackwater y otras empresas de seguridad en la región. El 2008, se suscribió la Declaración de Montreaux, 2008, como un intento de regulación de las empresas privadas de seguridad, pero que solamente ha sido suscrita por cuatro países. Ahora tenemos a CTU Security, con sede en Florida, capacidad de brindar servicios que exceden los tradicionales de seguridad urbana y lindan con lo ilegal y delincuencial. Incluso el primer ministro Joseph, ha solicitado el envío de tropas. Por su parte, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional enviaran equipos para fortalecer los organismos de seguridad.

 

En este contexto, cobra particular importancia el escenario colombiano que fue testigo de la Iniciativa Regional Andina en los años 90, el “Plan Colombia”, el “Plan Patriota” en el siglo XXI, y ahora, todo el complejo escenario post acuerdos de paz y con una frontera tan caliente como la de Venezuela. Los hechos ocurridos en este tiempo demuestran las dificultades para el fortalecimiento democrático de nuestros países por hacer depender nuestras acciones cooperativas en materia de Defensa, a un actor externo como el que representa la Casa Blanca.

 

https://mail.alainet.org/es/articulo/213052
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