Impactos ambientales y sociales de la minería (I)

02/02/2015
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Introducción
 
Mientras que en 1995 los representantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se disponían a firmar el “Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria”,[1] Álvaro Arzú Irigoyen, entonces candidato a la Presidencia de la República para el período 1996-2000, preparaba el lanzamiento de una ambiciosa cruzada por la inversión petrolera y minera en el país.  
 
Esta campaña, que para las transnacionales significaba reglas de juego que les asegurasen las más altas ganancias al menor riesgo posible, implicaba principalmente poner fin a la guerra interna y reformar la legislación minera que, aunque blanda, no satisfacía las codiciosas expectativas de las multimillonarias empresas que buscaban afincarse en el territorio nacional. En realidad, las condiciones para la llegada a Guatemala de las transnacionales de la minería y el petróleo estaban dadas: el largo y espinoso camino de las negociaciones por la paz estaba a punto de concluirse y las reformas a la ley de minería pasarían casi inadvertidas ante la euforia que provocaba entre muchos sectores la “implementación de los Acuerdos de Paz”.
 
Contrario a los que vislumbraban un cambio en el agro guatemalteco, y en contra de cualquier pronóstico de los especialistas, la firma de la paz marcaba el inicio de una nueva etapa de la historia agraria de Guatemala: aquélla en que la tenencia y propiedad de la tierra se convierte en la trama de nuevos negocios en el agro: 1) la explotación y comercialización de las riquezas naturales; 2) el cultivo de caña de azúcar y palma africana para la producción de agrocombustibles y; 3) la construcción de megaproyectos de infraestructura. Veamos, para tener una visión más completa del problema de la tierra, cómo evoluciona la cuestión agraria en Guatemala.
 
 
I.         Explotación y comercialización de las riquezas naturales
 
Además de los cinco principios de la política agraria colonial que analizamos en otra parte,[2] otra de las razones que explica el surgimiento y desarrollo del latifundismo, según Severo Martínez Peláez, fueron las condiciones especiales de Guatemala: el territorio del reino carecía de recursos mineros, lo cual había orientado el interés de los colonizadores hacia el control y explotación de la propiedad de la tierra y el trabajo de los “indios”.
 
Este hecho contundente, demostrado admirablemente por el autor de la “Patria del criollo”, parece confirmarse en estudios regionales de gran calidad, tal el caso de la obra de W. George Lovell sobre la sierra de los Cuchumatanes. Allí, siguiendo a MacLeod, el historiador escoses comenta lo siguiente:
 
Al principio había grandes expectativas por la posibilidad de que en la región hubiese minerales en cantidades importantes. Sin embargo, estas ilusiones nunca se materializaron. El oro de Pichiquil y San Francisco Motozintla resultó ser más mítico que real. En Chiantla, Juan de Espinar, el primer español que se dice descubrió las minas de plata, consiguió obtener ingresos anuales de 8,700 pesos, pero estos beneficios no se mantuvieron por mucho tiempo. Durante el período colonial, las minas de Chiantla produjeron cantidades modestas de plata, la cual se usaba para decorar altares en Guatemala. Sin embargo, la escala y el rendimiento de las operaciones, incluso cuando se juntaban con la explotación de plomo, eran mucho menos importantes que las del área central de Honduras y nada parecidas a las de Guanajuato y Zacatecas en México, o a las de la ciudad de Potosí en Perú. A finales del siglo XVI, los pocos españoles que decidieron quedarse en la sierra de los Cuchumatanes se dieron cuenta de que adquirir tierra era más seguro y ofrecía mejores perspectivas que obligar a una población nativa reacia y muy reducida a trabajar en empresas mineras marginales.[3]
 
La tierra, lo vemos, era la mejor manera de hacer fortuna en la Guatemala colonial. Sin oro, sin plata, sin otros minerales en cantidades importantes, como en Guanajuato, Zacatecas o Potosí, valía más acaparar enormes extensiones de tierra que consagrarse enteramente a la minería. Tal situación, estimulada por las condiciones tecnológicas de aquélla época, empezaría a sufrir las primeras grandes transformaciones cuando las empresas transnacionales a través de las élites locales y la complacencia de los gobiernos militares de turno, inician el primer gran proceso de exploración y explotación minera y petrolera en el país, después del derrocamiento de Jacobo Árbenz.[4]
 
Pero sería en realidad hasta en 1996, con la llegada de Álvaro Arzú al poder, que la minería de metales e hidrocarburos adquiere mayor importancia: de ser una actividad marginal de los programas económicos de los gobiernos que se sucedieron en el poder desde 1954, se convierte en parte fundamental de los planes económicos de las administraciones que, desde 1996, se consagran a autorizar una cantidad considerable de concesiones de exploración y explotación minera y petrolera en todo el territorio nacional. ¿Qué explica dicho fenómeno? ¿Qué impactos tiene para el mundo rural? ¿Cómo se vislumbra el futuro de la campiña guatemalteca?
 
Fin de la guerra
 
La guerra de 36 años había sido un factor determinante para que tanto la inversión en minerales metálicos como en hidrocarburos permaneciera a niveles relativamente modestos. Si bien habían existido en los años sesenta-ochenta explotaciones importantes de níquel a través de la empresa EXMIBAL (Exploraciones y Explotaciones Mineras de Izabal), y otras de petróleo en Las Verapaces y El Petén concedidas a empresas nacionales y transnacionales (Basic Resources y sus subsidiaras), la intensidad de las exploraciones y explotaciones mineras y petroleras favorecidas por los gobiernos de turno, no se compara con la que se desataría en la década de los noventa en casi todo el territorio nacional.[5] De hecho, de casos muy focalizados como los ya citados, o de otros muy conocidos como el de las minas de antimonio y tungsteno de San Idelfonso Ixtahuacán, en Huehuetenango, se pasa a una cantidad difícil de listar de exploraciones y explotaciones de oro, plata, plomo, antimonio, cobre, zinc y petróleo.
 
Si la guerra sirvió de muro de contención a las empresas nacionales y transnacionales que buscaban apoderarse de las riquezas del subsuelo, la firma de la paz se tradujo en el contexto ideal para que las élites locales y las transnacionales hicieran de la minería de metales y el petróleo su gran negocio. Esto, lo veremos, tiene que ver con la adopción por los distintos gobiernos del modelo económico y político neoliberal que, en contra de lo pactado en los Acuerdos de Paz, coloca al país a expensas del gran capital nacional y transnacional.
 
Consolidación del neoliberalismo
 
En efecto, la adopción paulatina por Guatemala a partir de los años ochenta del modelo económico y político neoliberal sustentado en la idea de la supremacía del mercado en la economía, desplazó poco a poco al modelo desarrollista que, desde los años cincuenta, asignaba un rol al Estado en la economía y plateaba el crecimiento hacia adentro y el aprovechamiento de las ventajas comparativas con las que contaban los países.
 
Este desplazamiento provocó que el discurso de las ventajas comparativas que daba coherencia teórica al modelo desarrollista fuera sustituido por el discurso del modelo neoliberal que, en cambio, exalta las ventajas competitivas. Se trata, desde entonces, de volverse eficientes y competitivos en todos los campos que exige la globalización y el mundo liberalizado del siglo veintiuno, para crecer y desarrollarse, pues se argumenta que en ese contexto todos los países tienen “las mismas oportunidades de desarrollarse y competir”.[6]
 
En Guatemala, ese proceso de sustitución de un modelo por otro se consumó en los años noventa con la ejecución de las medidas económicas establecidas por el Consenso de Washington,[7] y la entrada en vigor a partir del 2005 del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos,[8] pero también con el cumplimiento de los proyectos del Plan Puebla Panamá que, desde su presentación en Guatemala a los empresarios guatemaltecos por el presidente electo de México, Vicente Fox, el 11 de septiembre de 2000, planteaba poner a disposición de la inversión privada el territorio y los recursos naturales y humanos de la región, y preparar las condiciones físicas necesarias (carreteras, puertos, aeropuertos, aduanas) para el avance y consolidación del Área de Libre Comercio de las Américas.[9]  
 
Son esos planteamientos los que inspiran a las élites económicas locales a impulsar, por un lado, el desmantelamiento del Estado y la liberalización de la economía y, por el otro, la repartición todavía pendiente de las riquezas naturales del país. Inspirados en esas ideas, los grupos económicos interesados en la minería y el petróleo redinamizan sus relaciones con las transnacionales, sabidos de que su alianza con ellas les dejará enormes beneficios. Esto, por lo demás, explica la aceleración del proceso de firma de varios Acuerdos de Paz durante el primer año de gobierno de Álvaro Arzú, y la suscripción definitiva de la “Paz firme y duradera” el 29 de diciembre de 1996.
 
Pero, ¿qué efectos tiene para Guatemala, y en particular, para las sociedades indígenas y campesinas, la explotación incontrolada de los recursos mineros y petroleros del país?
 
Es difícil en este momento, dada la cantidad de concesiones mineras y petroleras que se han otorgado, hacer una estimación global de los impactos ambientales y sociales. Para ilustrarlos, y para no evadir el tema con el simple argumento de la dificultad derivada de la cercanía temporal de los hechos, nos circunscribiremos al análisis de dos casos paradigmáticos que pueden darnos una idea aunque sea somera de los efectos perversos de tales explotaciones: el caso de la minería a cielo abierto en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, en el departamento de San Marcos, y el de la explotación petrolera en el Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT), en el departamento del Petén. Ellos son, por lo demás, representativos de las alianzas empresariales que se tejen entre los grupos económicos locales y las transnacionales.
 
 
Lo que está en juego
 
La tierra, dicen los portavoces de la Cámara del Agro, ya no tiene ningún valor. Mal hacen los campesinos que todavía piden tierra al gobierno, y todavía desean ser campesinos. De lo que se trata hoy, es de modernizarse. No de estar pidiendo tierra, porque aunque se repartiera, ella ya no alcanzaría para todos.
 
Con un discurso similar terminan el siglo XX los “Señores de la Tierra” que siguen concentrando para sí la tenencia o propiedad de ese medio de producción que les ha garantizado el dominio de la sociedad durante casi cinco siglos. Hoy, a principios de la segunda década del siglo XXI, y justo en el momento en que los grupos económicos poderosos realizan grandes negocios con la celebración del Oxlajuj B’aqtun o cambio de era del calendario maya, los grandes propietarios poseen incluso más tierra de la que tenían en 1952 cuando el presidente Jacobo Árbenz impulsó la reforma agraria.[10]
 
Debido a la explotación y mercantilización de las riquezas naturales, al cultivo de caña de azúcar y palma africana para la producción de agrocombustibles y a la construcción de megaproyectos de infraestructura, los dominios de la clase terrateniente, además de las tierras de sus antiguas plantaciones en la Costa Pacífica, abarcan actualmente buena parte de la Franja Transversal del Norte (FTN) y del Petén,[11] antiguas zonas de colonización donde los campesinos la mayor parte de ellos indígenas conservaban hasta hace poco sus antiguos sistemas familiares y comunitarios de producción.[12]
 
Esos nuevos negocios crean nuevas presiones sobre la tierra que se traducen en despojos a familias y comunidades campesinas, eliminación de sus sistemas productivos, aumento del número de campesinos sin tierra o con muy poca, nuevos y mayores problemas ambientales, más pobreza y conflictividad. En lo que a la explotación y mercantilización de las riquezas naturales concierne, las concesiones mineras y petroleras son particularmente ilustrativas.
 
Los casos de la minería y el petróleo nos servirán para mostrar cómo el interés por la tierra sigue presente tanto en las grandes empresas nacionales y transnacionales que buscan explotar las riquezas del subsuelo, como en las comunidades indígenas y campesinas que, o defienden su territorio, o buscan nuevas tierras agrícolas para la colonización.
 
El oro y la plata de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa
 
Dos hechos, decíamos, favorecerían la expansión de la actividad minera en Guatemala a finales del siglo XX. Por un lado, la finalización de la guerra, por el otro, la consolidación del modelo económico y político neoliberal. En ese contexto, y con la llegada al poder de Álvaro Arzú, decíamos también, se crearon condiciones más favorables para que las empresas transnacionales arribaran al país.
 
Fue, ciertamente, con la aprobación en 1997 de la Ley de Minería[13] que se establecieron los incentivos más importantes: 1) reducir del 6% al 1% el porcentaje de regalías correspondientes a los ingresos brutos que percibe el Estado y 2) permitir a las compañías extranjeras adquirir la propiedad total (100%) de las empresas mineras, exceptuándoles al mismo tiempo del pago de varios impuestos (sobre el uso del agua y la importación de maquinaria, entre otros).
 
Esa ley, debe decirse, fue aprobada por el Congreso de la República en forma apresurada bajo presión de las empresas transnacionales y las élites locales interesadas en la explotación de los recursos mineros del país,[14] sin consultar a los ciudadanos según lo que prescribe la Constitución Política de la República,[15] ni a los pueblos indígenas que habitan los territorios en los cuales dichas explotaciones tendrían lugar. Esto, sumado a otros fallos u omisiones de la ley,[16] generaría el desacuerdo social con los proyectos mineros, expresados especialmente en la resistencia de las comunidades indígenas a su ejecución.
 
Una de las primeras empresas que respondió a la tentadora propuesta del gobierno, fue la canadiense Montana Gold que en 1998 creó su propia compañía subsidiaria de propiedad total, la Montana Exploradora de Guatemala que en 1999 obtuvo del gobierno una licencia de exploración para el “área Marlin”, ubicada en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, donde había descubierto una veta de mineral de oro y plata.
 
Pero recordemos que en la fase de exploración la concesión Marlin fue objeto de especulación y cambió más de una vez de propietarios:[17] Montana Gold se fusiona en el 2000 con la compañía Américo-canadiense Francisco Gold, la cual se convierte a su turno en el 2002 en propiedad de otra empresa canadiense, la Glamis Gold. Después de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en noviembre de 2003 y ya bajo el gobierno del Presidente Alfonso Portillo (2000-2004), Glamis Gold empieza la construcción de la mina a través de Montana Exploradora en mayo de 2004 e inicia las operaciones de explotación en el tercer trimestre de 2005.[18]
 
Pero la llegada de Glamis Gold (Goldcorp desde 2006) a San Marcos —seguida inmediatamente por la canadiense INCO (HubBay Minerals desde 2008) que busca reabrir la mina de níquel EXMIBAL en El Estor, Izabal— produjo el resurgimiento de conflictos sociales alrededor de la minería[19] y la reapertura de un debate nacional que enfrenta a los partidarios de dos puntos de vista diametralmente opuestos del desarrollo: los que están dispuestos a otorgar concesiones mineras a las transnacionales sin importar los escasos ingresos que éstas dejan al Estado y a las comunidades ni el impacto ambiental y social negativo que provocan (élites económicas y políticas, empresas transnacionales, CACIF, gobierno); y los que, por el contrario, se posicionan del lado de los intereses sociales y nacionales y abogan por la salvaguarda y uso racional de los recursos naturales (comunidades, organizaciones y líderes comunitarios, ONG ambientalistas, Iglesia católica).
 
Minería y conflictos sociales
 
Con la ayuda de organizaciones locales de la Iglesia católica —Movimiento de Trabajadores Campesinos (MTC) y Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral (AEPDI), respectivamente—, tanto las autoridades indígenas de Sipacapa como los líderes comunitarios q’eqchi’ de El Estor, elaboraron a finales de 2003 declaraciones de protesta en las que expresaban sus temores por la degradación ambiental y la contaminación de las fuentes de agua en sus territorios, pero también denunciaban el no haber sido informados suficientemente sobre los proyectos mineros.[20]
 
Fue en ese contexto que las comunidades indígenas y sectores de la sociedad civil ligados a la defensa del medio ambiente se movilizaron cada vez más. En noviembre de 2003, recordémoslo, líderes de las comunidades de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán solicitaron al gobierno de Alfonso Portillo la revocación de la licencia minera concedida a Montana en San Marcos. Y, a finales del mismo mes, varias organizaciones indígenas del Altiplano Occidental e Izabal y no pocas organizaciones nacionales organizaron un Congreso Nacional Maya en la Carretera Panamericana cerca de Iximche (antigua capital Kaqchiquel) en el municipio de Tecpán. Allí se discutió el problema minero y se decidió pronunciarse “contra las licencias mineras en territorio maya”.[21]
 
Fue en ese ambiente que se desarrolló el proceso que en el 2004 enfrentó directamente al Presidente Óscar Berger (2004-2008) y al Arzobispo de Guatemala Rodolfo Quezada Toruño, pero las intenciones de Óscar Berger y su gobierno eran claras: habían centrado sus planes económicos en el impulso de nuevos negocios el agro y estaban decididos a conceder cientos de licencias mineras a las transnacionales sin consultar a la población local. De hecho, en el 2005 “el 10% del territorio guatemalteco (estaba) cubierto por permisos mineros, la mayoría de los cuales está en manos extranjeras; (y) el 90% de los territorios cubiertos por estos permisos, está conformado por territorios indígenas”.[22]
 
En respuesta al Congreso Nacional Maya el gobierno de Óscar Berger que no ocultaba su simpatía por las empresas transnacionales en las cuales se sospechaba tenía intereses personales, organizó a principios de diciembre de 2004 el Primer Foro Nacional Minero con la intención tardía de revertir la opinión pública decididamente negativa sobre la minería. Pero este foro, apoyado por la Embajada de Canadá y con la participación de representantes del Ministerio de Energía y Minas, de la trasnacional Montana, del Banco Mundial, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Iglesia católica, careció de algo esencial: no contó con la participación de la sociedad civil ni con la de los representantes de las comunidades indígenas concernidas.
 
Fue esto lo que motivó la celebración del Foro Alternativo de Resistencia contra la Minería organizado principalmente por el Frente Alternativo de Resistencia contra la Minería que reagrupaba a varias ONG guatemaltecas abiertamente en contra a la minería de metales. Pero el diálogo entre el gobierno y las comunidades no tuvo lugar y las tensiones desembocaron en enero de 2005 en violentas manifestaciones. El detonante había sido el bloqueo espontáneo de la Carretera Panamericana por los habitantes de Los Encuentros, en Sololá, después de que un gigantesco cilindro destinado a la planta procesadora del proyecto Marlin, en San Marcos, había provocado el desmantelamiento de un puente peatonal que bloqueaba el paso de la caravana que transportaba maquinaria propiedad de la empresa Montana hacia la futura mina Marlin.
 
Ahora bien, cuando el gobierno envió a la Policía Nacional a la zona, miles de habitantes reforzaron el bloqueo instalándose a ambos lados de la Carretera Panamericana. Con el alcalde indígena de portavoz, éstos exigieron la revocación de las licencias mineras en su territorio e invitaron al diálogo a altos funcionarios del gobierno. Pero la prepotencia del gobierno que defendía decididamente los intereses de las empresas mineras, desembocó en un violento enfrentamiento: el 11 de enero de 2005, ciertamente, el Ministro de Gobernación ordenó el envío de 1,500 tropas de policía y 300 soldados del ejército para despejar por la fuerza la carretera. El saldo de la confrontación fue de un indígena manifestante muerto por las descargas militares y varios civiles y policías gravemente heridos. Óscar Berger, flamante Presidente de la República, defendería después su decisión: se trataba de “proteger a los inversionistas” sin importarle el rechazo de los pueblos indígenas y la sociedad civil a la minería.[23]
 
La agitación social y política que se derivó del enfrentamiento entre pobladores y fuerzas de seguridad en Sololá obligó al gobierno a apoyar la creación en febrero de 2005 de la Comisión de Alto Nivel sobre la Minería (CAN), que fuera presidida por monseñor Álvaro Ramazzini, Obispo de San Marcos, y conformada por funcionarios gubernamentales, representantes de las Iglesias católica y evangélicas, académicos y miembros de diversas organizaciones de la sociedad civil. Pero esta comisión, nuevamente, excluyó a los representantes de las organizaciones indígenas y comunidades afectadas.
 
La participación del gobierno en la Comisión de Alto Nivel sirvió en realidad para entretener a la población. Mientras que ésta discutía sobre la protección al medio ambiente, la transparencia, la participación ciudadana, la consulta y el monitoreo, y mientras aquélla presentaba sus recomendaciones en agosto de 2005 sobre una nueva política minera,[24] la administración Berger continuaría promulgando decretos y emitiendo documentos de políticas para facilitar la minería hasta el final de su mandato. 
 
De suerte que para abril de 2008, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la campaña gubernamental para atraer a las compañías mineras se había traducido en 113 permisos de minería vigentes: 1 de reconocimiento, 105 de exploración y 7 de explotación.[25] —Sin tomar en cuenta la gran cantidad de autorizaciones para actividades de minería no metálica (explotación y explotación).
 
Ahora bien, más de la mitad de esas concesiones y muchas otras solicitudes de autorización pendientes, se ubican en las regiones montañosas de cuatro departamentos de población indígena predominante: 17 en el occidente de San Marcos, 15 en Huehuetenango, 16 en el oriente de Alta Verapaz y 19 en Izabal.[26]
 
Esto, sumado al fracaso de la Comisión de Alto Nivel que terminaría por disolverse en marzo de 2006 después del incumplimiento por parte del gobierno a los acuerdos alcanzados, contribuyó a generar mayor organización en las comunidades en contra de la minería. Sipacapa fue el caso revelador. El 18 de junio de 2005, luego de un proceso que no estuvo exento de varios intentos por parte de la compañía Montana Exploradora para obstaculizarla y a pesar de que las actividades mineras ya habían comenzado, se realiza un referendo comunitario para dar a conocer al pueblo públicamente la posición de las comunidades indígenas de Sipacapa sobre la minería.[27] Basadas en estándares nacionales e internacionales de carácter legal establecidos para esta clase de consultas —especialmente el Convenio 169 de la OIT (artículo 6) y el Código Municipal (Decreto 12-2002, artículos 63-65)—, aquéllas dijeron por mayoría absoluta (98%): NO a la minería.
 
Sin embargo, en mayo de 2007, casi dos años después de la consulta, la Corte de Constitucionalidad decide que esta clase de ejercicio de la ciudadanía es válida (procesalmente correcto), pero no tiene un carácter vinculante.[28] La lucha de las comunidades de Sipacapa contra la minería, no obstante la decisión de la Corte de Constitucionalidad y a pesar del apoyo decidido de los distintos gobiernos a las transnacionales, ha generado una reacción en cadena entre los otros pueblos indígenas que también se han visto afectados por este tipo de proyectos. Desde entonces, “más de 35 municipios ubicados en el Altiplano Occidental y en otras partes del país (la mayoría de ellas en Huehuetenango y San Marcos)”,[29] han organizado sus propias consultas y se han declarado abrumadoramente en contra de la minería. Si nos atenemos a las estadísticas reportadas por las organizaciones que han seguido de cerca estos procesos, ¡más de medio millón de ciudadanos han rechazado la minería![30]
 
El conflicto estalló finalmente a principios de 2007 en San Miguel Ixtahuacán y El Estor, donde, en el primer caso, los ciudadanos desilusionados con la mina Marlin decidieron bloquear el camino de entrada y, en el segundo, cuando familias q’eqchi’ que habían sufrido la expropiación de sus terrenos ocuparon nuevamente las tierras en manos de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). Estas acciones, hay que decirlo, fueron reprimidas violentamente provocando el desalojo de las comunidades y la persecución legal de sus líderes.
 
La mina Marlin
 
Situada en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa en el departamento de San Marcos, la mina Marlin fue descubierta por la empresa Francisco Gold y desarrollada por la Glamis a través de su subsidiaria Montana Exploradora de Guatemala. Ambas pertenecen desde junio de 2006 a Goldcorp, empresa domiciliada en Vancouver, Canadá, y una de las mayores productoras de oro en Norteamérica. El proyecto Marlin consiste en una concesión de explotación de 20 kilómetros cuadrados (Marlin I), otorgada en noviembre de 2003, y de otra de exploración (Marlin II) concedida en enero de 2004. Por otra parte, el 85% de la concesión de explotación está ubicada en San Miguel Ixtahuacán y el 15% restante en Sipacapa.
 
El proyecto Marlin, según estimaciones iniciales, tendría una producción anual promedio de 220,000 onzas de oro y de aproximadamente 3 millones de onzas de plata. La capacidad de procesamiento anual se estimaba en 1.82 millones de toneladas de mineral y ha sido pensada, además, para albergar en el futuro depósitos de mineral proveniente de otras posibles zonas mineras. Por lo demás, los costos de desarrollo totales del proyecto fueron estimados en US$254 millones, mientras que las ventas totales de mineral bruto y exportado (sin refinar) se estimaron en el año 2005 en US$893 millones en 10 años. Sin embargo, debido al aumento sostenido de los precios del oro y de la plata, sólo entre los ejercicios de 2006 y 2007 la mina le produjo a Golcorp US$312 millones.[31]
 
A pesar de que Montana ha alegado siempre que la mina traerá desarrollo local y regional a través de la generación de empleo y de la inversión social, el proyecto ha provocado desde el comienzo críticas y protestas entre las comunidades afectadas. Además de que éstas reciben sólo el 50% de participación del 1% de las regalías sobre el valor de ventas brutas que la empresa le paga al Estado (las comunidades no participan del canon de superficie o de otros impuestos), las preocupaciones ambientales existentes (relacionadas con el plan de manejo ambiental elaborado por Montana que según expertos independientes subestima los riesgos de contaminación y los impactos acumulativos sobre la disponibilidad de agua a nivel local) crean inconformidad y temor y provocan el rechazo de las comunidades a la mina Marlin.
 
Impactos ambientales y sociales
 
Contrario a la información contenida en los documentos elaborados por la empresa Montana,[32] en la cual se minimizan los impactos ambientales negativos y se magnifican los impactos sociales positivos, los estudios encargados o realizados por grupos de la sociedad civil en nombre de las comunidades,[33] reportan que la pérdida del acceso a la tierra e integridad territorial, así como la contaminación del agua y competencia por el agua, son los efectos negativos más notables en las comunidades afectadas por la mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa.
 
 
Pérdida de acceso a la tierra e integridad territorial
 
Según los documentos que hemos citado, “el efecto más tangible y dramático” de la mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán y, en menor medida, Sipacapa, es la pérdida de acceso a la tierra por parte de la población de las comunidades indígenas cercanas. A causa de las excavaciones de 5,000 toneladas de roca cada día, los cerros en las proximidades de los pueblos de Agel, Nueva Esperanza y San José Ixcaniche, “han sido transformados durante los últimos cinco años en inmensos cráteres y en montones de roca de desecho”.[34] Esto, lamentablemente, ha traído consecuencias fatales para los antiguos posesionarios de las tierras. Ahora, contrario a los días en que no existía la mina, viven “reducidos a miserables lotes de tierra que limitan con un paisaje destruido”.[35]  
 
Además del daño ecológico, la mina Marlin también traerá impactos socioeconómicos y culturales. Fue eso, precisamente, lo que afirmó el Banco Mundial, ¡uno de los financistas del proyecto!, quien en uno de sus documentos declaró que “el reasentamiento de las poblaciones indígenas que aplican modalidades de producción tradicionales basadas en la tierra, es un proceso especialmente complejo y puede tener importantes impactos negativos en su identidad y supervivencia cultural”.[36]
 
Ahora bien, la presencia de Montana también tiene importantes efectos sobre la integridad del territorio colectivo de la comunidad indígena de San Miguel Ixtahuacán. Como éste “incluye y traslapa por completo el territorio municipal”,[37] las perspectivas de autonomía y autodeterminación, claramente reconocidas por la legislación internacional relacionada con los pueblos indígenas, se ven seriamente afectadas. Esto por el hecho de que Montana, en la época de la adquisición de tierras para el proyecto Marlin, o no comprendió o simplemente irrespetó la compleja situación de la tenencia de la tierra en esa región. De suerte que al tratar los derechos familiares a la tierra como si fueran propiedad individual, “la empresa pisoteó” los derechos colectivos esenciales de las comunidades indígenas de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, pues trató los derechos familiares (de uso) a la tierra como si fueran propiedad individual.
 
Si las evidencias legales demuestran que las tierras de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa forman parte integral de un título colectivo,[38] el Informe sobre los Procedimientos de Adquisición de Tierras elaborado por la empresa Montana en 2004 para acceder a un préstamo de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, también demuestra que la compañía minera pudo haber actuado de mala fe al proceder a adquirir tierras de la manera como lo hizo. Hoy, afirma en su informe, “Montana posee los derechos sobre los minerales del subsuelo dentro del área del proyecto Marlin, pero la superficie de la tierra es de propiedad privada”.[39]
 
Como se ve, Montana no sólo ignoró públicamente los títulos colectivos (ejidos o tierras comunales) de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa,[40] sino que también ignoró aspectos culturales reconocidos por el Convenio 169 de la OIT: el apego cultural de las comunidades indígenas locales a su tierra y, más aún, la naturaleza colectiva de este apego.[41] Fue esto, justamente, lo que puso en evidencia Joris van de Sandt en el estudio encargado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ámsterdam sobre “Degradación ambiental, recursos naturales y conflictos violentos en hábitats indígenas en Kalimantan, Indonesia; Bayaka, República Centroafricana; y San Marcos, Guatemala”: para mostrar que la empresa Montana minimiza el significado económico y cultural de la tierra para la población local, él recurre precisamente a los documentos oficiales que la minera dirige a la Corporación Financiera Internacional, especialmente al Informe sobre los Procedimientos de Adquisición de Tierras que hemos citado. Allí, afirma Joris van de Sandt, Montana concluye que “el apego cultural a la tierra no es fuerte”, considerando que “muchos dueños de la tierra no viven en la propiedad” y que “mucha de la tierra es utilizada en forma mínima, principalmente para cultivo de subsistencia, ocasionalmente para ganado y para adquirir leña para combustión”.
 
Con el argumento de que los propietarios “parecen ver las transacciones de ventas de tierras estrictamente como arreglos comerciales”, y con el argumento de que aquéllos “están interesados (o han utilizado) los ingresos para perseguir oportunidades de negocio”, la empresa Montana justifica ante sus financistas sus procedimientos de adquisición de tierras. Ahora bien, al hacerlo, la minera niega el hecho de que las comunidades indígenas poseen un sistema de producción tradicional basado en la tierra, e ignora que dichas tierras han sido ocupadas desde hace siglos por comunidades indígenas con autoridades y formas de organización tradicionales propias, y que además están amparadas por la legislación nacional e internacional vigente.
 
El otro impacto negativo de la mina Marlin tiene que ver con la contaminación del agua.
 
Contaminación del agua
 
Otro de los impactos negativos de la minería en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa es la contaminación del agua. Este problema, no difícil de comprender, está ligado al proceso de producción de la minería de oro. En efecto, para extraerlo, el proyecto Marlin trabaja a “cielo abierto” extrayendo roca de dos cortes sobre la montaña y de un túnel subterráneo. Como los minerales deben separarse de los desechos de roca inservibles antes de que su procesamiento comience, éstos son depositados en un lugar destinado a la roca de desecho llamado “depósito de roca de desecho”. Aquí son triturados para luego ser enviados a dos tanques de cilindro donde el oro es recuperado de la roca luego de una reacción química en la que se pone en contacto con una solución de cianuro altamente tóxica.[42]
 
Y he aquí que el problema se da: cuando el sedimento de mineral llamado corrientemente “colas” es trasladado a un “depósito de colas” (TSF, por su sigla en inglés), el sedimento que contiene cianuro se precipita hacia el fondo, donde se descomponen y desintoxican lentamente. Ahora bien, como el nivel de agua en el depósito de colas se eleva continuamente (Montana estima que el proyecto Marlin generará durante su vida productiva 44 millones de toneladas de roca de desecho y 14 millones de toneladas de colas), la mina descarga en ocasiones aguas residuales tratadas provenientes del embalse que contiene el depósito. Esta agua, lamentablemente, llega a la quebrada Seca, sigue hacia el riachuelo Quivichil y después hacia el rio Cuilco.[43]
 
Aunque la empresa Montana negó los riesgos ambientales durante su campaña de información a la comunidad en 2004, alertadas por los posibles riesgos ambientales y específicamente por la posibilidad de contaminación del agua de la superficie y subterránea, de la cual dependen para cubrir sus necesidades diarias, las comunidades locales de Sipacapa con el apoyo de Madre Selva presentaron en 2005 una reclamación ante la Oficina del Asesor en Cumplimiento / Ombudsman (CAO, por su sigla en inglés) de la Corporación financiera Internacional, en la que expresaban entre otras cosas sus preocupaciones por el impacto negativo de la minería sobre la calidad y cantidad del suministro de agua local.
 
Aun cuando el informe de la CAO intenta minimizar el impacto potencial en la calidad del agua (“las descargas planificadas o no planificadas del TSF no presentan riesgo para la población de Sipacapa”[44]), ella admite que el gobierno guatemalteco “no ha establecido un sistema claro e integral para la regulación del sitio Marlin que incluya estándares de calidad del agua y monitoreo del gobierno sobre la observancia de las regulaciones y de los estándares”. Además, concluye que “el desarrollo e implementación de algunos planes específicos de manejo y mitigación por parte de Montana, tales como control de erosión y manejo de roca de desecho, no se han mantenido al mismo ritmo que el cronograma del proyecto”.[45] 
 
Pero el leguaje disimulado y la información muchas veces contradictoria del informe salido de la evaluación de la CAO, contrario a lo que se pretendía, aumentaron las sospechas y temores de las comunidades y de las organizaciones ambientalistas hacia el proyecto Marlin. Esto produjo la entrada en escena de otro actor: Robert Moran, experto norteamericano en geología hídrica y geoquímica, quien ya había evaluado el Estudio de Impacto Ambiental y social del proyecto Marlin,[46] fue invitado nuevamente por Madre Selva para revisar el análisis de riesgo ambiental de la CAO.
 
En su informe,[47] Moran critica al Asesor en Cumplimiento de la CFI por su “aproximación restrictiva”, ya que se enfoca solamente en los impactos potenciales en la calidad del agua en Sipacapa e ignora los impactos potenciales en las comunidades aledañas a la mina en San Miguel Ixtahuacán y río abajo, a lo largo del río Cuilco en el departamento de Huehuetenango.[48] Moran concluye que la aseveración con respecto a que “no habrá ningún riesgo significativo de contaminación del agua como resultado de la mina” (para la población de Sipacapa), se basa en interpretaciones optimistas de datos incompletos que no pueden justificarse y que, en lugar de ello, “hay una posibilidad razonable de degradación significativa en la calidad del agua”.[49] 
 
Aunque Montana empezó a facilitar desde finales de 2005 la creación de la Asociación de Monitoreo Ambiental Comunitario (AMAC) que realizó en febrero de 2006 su primer trabajo de campo trimestral para la recolección de muestras de agua, y aun cuando la AMAC esté integrada por representantes de varias comunidades próximas a la mina que recibieron entrenamiento básico en muestras de agua y en química (excepto una de San Miguel Ixtahuacán) y sea asistida por dos expertos técnicos (un ingeniero de la Universidad de San Carlos en la Ciudad de Guatemala y un experto en geología hídrica) en la planeación e implementación de sus actividades, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la comunidad cuestionan la independencia tanto de los integrantes de la AMAC como de los expertos técnicos. Según ellos, ¡todos son pagados por Montana!
 
Por otra parte, los análisis de agua realizados simultáneamente por otras organizaciones (en noviembre de 2006, Madre Selva y el Obispo Álvaro Ramazzini solicitaron un estudio de calidad de agua en el río Tzalá en Sipacapa al analista italiano Flaviano Bianchini[50]), mostraron “niveles elevados de varios metales pesados que excedían los estándares para el agua potable”.[51]
 
Pero el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Montana, aferrados a sus intereses, recurrieron a otro tipo de mecanismos. Por un lado, el Viceministro de Energía y Minas afirmó que la investigación era falsa argumentando que las muestras no habían sido recolectadas y analizadas adecuadamente.[52] Por el otro, la empresa Montana inició un pleito contra Madre Selva.[53] Además, se supo que Bianchini fue amenazado en varias ocasiones durante las semanas siguientes.[54]  
 
Desde entonces, diversos documentos han denunciado problemas relacionados con la mina Marlin y arbitrariedades de la empresa Montana.[55] Otros, dan cuenta de los impactos negativos de la mina sobre su entorno y la contaminación del agua.[56] En todo caso, y no obstante los alegatos de la empresa Montana, las comunidades ubicadas río abajo de la mina continúan reportando la muerte de ganado y ovejas y ha habido incluso quejas sobre problemas de irritación de la piel en varios pobladores.
 
Los críticos del proyecto Marlin, por lo demás, ven un impacto negativo en el suministro de agua local. Si esto fuera así, la competencia por el agua entre la mina (¡que consume en una sola hora la cantidad de agua que una familia típica del área usa en 22 años![57]) y las comunidades locales tendría lugar inevitablemente. Tanto más cuanto que el clima semiárido de esa región ya provoca escasez de agua en la estación seca.[58]
 
Jorge Murga Armas
Doctor en Antropología y Sociología de lo político de la Universidad de París 8. Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Investigador visitante del Instituto Ibero-Americano (IAI) de Berlín, del 01 de abril de 2013 al 30 de junio de 2013, becado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).
 


[1] Firmado en México D.F. el 6 de mayo de 1996.
 
[2] Jorge Murga Armas, La tierra y los hombres en la sociedad agraria colonial de Severo Martínez Peláez, Revista Economía, No. 174, IIES-USAC, Guatemala, octubre-diciembre 2007, pp. 77-102.
[3] W. George Lovell, Conquista y cambio cultural. La sierra de los Cuchumatanes de Guatemala 1500-1821, CIRMA, Antigua Guatemala, Guatemala, 1990, p. 129. 
[4] Véase Luis Solano, Guatemala: petróleo y minería en las entrañas del poder, Inforpress Centroamericana, Guatemala, 2005.
[5] Ibid., pp. 87-104.
[6] El Observador, Agronegocio y competitividad: dos caras de la misma moneda, Análisis alternativo sobre política y economía, No. 32 y 33, Guatemala, agosto-diciembre 2011, p. 1.
[7] Entre otras medidas económicas, el Consenso de Washington establecía privatizar las empresas públicas y monopolios estatales, desregular los mercados, liberalizar el comercio internacional, eliminar las barreras a las inversiones extranjeras directas y proteger la propiedad privada.
[8] Jorge Murga Armas, La trama del DR-CAFTA en Guatemala, IIES-USAC, Boletín Economía al día, No. 7, Guatemala, julio 2005.
[9] Jorge Murga Armas, Guatemala en el Plan Puebla Panamá. Las tramas de este modelo de integración regional, IIES-USAC, Revista Economía, No.169, Guatemala, julio-septiembre 2006, pp. 51-81. [9] Ibid., pp. 87-104.
[9] El Observador, Agronegocio y competitividad: dos caras de la misma moneda, Análisis alternativo sobre política y economía, No. 32 y 33, Guatemala, agosto-diciembre 2011, p. 1.
[9] Entre otras medidas económicas, el Consenso de Washington establecía privatizar las empresas públicas y monopolios estatales, desregular los mercados, liberalizar el comercio internacional, eliminar las barreras a las inversiones extranjeras directas y proteger la propiedad privada.
[9] Jorge Murga Armas, La trama del DR-CAFTA en Guatemala, IIES-USAC, Boletín Economía al día, No. 7, Guatemala, julio 2005.
[9] Jorge Murga Armas, Guatemala en el Plan Puebla Panamá. Las tramas de este modelo de integración regional, IIES-USAC, Revista Economía, No.169, Guatemala, julio-septiembre 2006, pp. 51-81.
 
[10] Véase Jorge Murga Armas, Alcances y límites de la Revolución de Octubre en la cuestión agraria e indígena, Revista Economía, No. 180, IIES-USAC, Guatemala, abril-junio 2009, pp. 45-88.
 
[11] Véase Jorge Murga Armas, El costo social de la producción de agrocombustibles en Guatemala, Boletín Economía al día, No. 6, IIES-USAC, Guatemala, junio 2011.
[12] Véase Jorge Murga Armas, Análisis de las políticas agrarias de la Contrarrevolución de 1954 a la transición “democrática” iniciada en 1986, Revista Economía, No. 188, IIES-USAC, Guatemala, abril-junio 2011, pp. 17-53.
 
[13] Decreto 48-97 Ley de Minería, aprobado por el Congreso de la República de Guatemala el 11 de junio de 1997.
 
[14] Luis Solano, op. cit.
 
[15] La Constitución Política vigente, en el artículo 172, párrafo 1, estipula que “todas las decisiones políticas de importancia trascendental deberán ser sometidas al mecanismo del referendo popular”. PDH, La minería y los derechos humanos en Guatemala, Procuraduría de los Derechos Humanos, Guatemala, 2005, p. 20. 
 
[16] No incluye, por ejemplo, un párrafo sobre la consulta a que tienen derecho las comunidades indígenas en relación con los proyectos planeados; y no toma en cuenta, por lo demás, sus derechos territoriales colectivos ni el lazo cultural que les une con sus territorios ancestrales y sus recursos naturales —a pesar de que la Ley de Minería fue aprobada después de la ratificación del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que sí los estipula. Las regulaciones sobre el medio ambiente, por otra parte, son vagas, flojas —en lo relativo a los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS)— o simplemente no existen —en lo que concierne a la responsabilidad de las empresas por daños al medio ambiente.   
 
[17] Según Luis Solano, las compañías mineras se comprometen generalmente en la especulación y las transferencias de concesiones mineras para buscar el capital que necesitan para cubrir los costos iniciales de la fase de explotación. Luis Solano, op. cit.
 
[18] Joris van de Sandt, Conflictos Mineros y Pueblos Indígenas en Guatemala, Cordaid, La Haya, 2009, p. 12. 
 
[19] Recordemos los conflictos sociales generados por la mina de níquel explotada por EXMIBAL durante los años setenta y ochenta ligados a las protestas indígenas contra la expropiación de tierras y la violación de los derechos humanos de que fueron víctimas líderes de la comunidad, y los conflictos de los años setenta relacionados con la mina de tungsteno y antimonio en San Idelfonso Ixtahuacán, Huehuetenango, generados especialmente por las condiciones de explotación de los trabajadores.
 
[20] Joris van de Sandt, op. cit., p. 12.
 
[21] Joris van de Sandt, op. cit., p. 14.
 
[22] BIC, Glamis en Guatemala: un boletín sobre la mina Marlin, Boletín #1. [s.l.], Bank Information Center, 2005. Citado en Joris van de Sandt, op. cit., p. 6.  
[23] Véase Jorge Murga Armas, La cuestión agraria diez años después de la firma de la paz en Guatemala, Revista Economía, No. 172, IIES-USAC, Guatemala, abril-junio 2007, pp. 105-107.
[24] Véase Propuesta de Lineamientos de Política Minera (Proyecto Acuerdo Gubernativo No. X), Comisión de alto Nivel sobre la Minería, agosto de 2005.
 
[25] Un permiso de reconocimiento faculta a su titular a identificar y localizar posibles áreas de explotación. Un permiso de exploración le permite localizar, estudiar y evaluar depósitos. Un permiso de explotación lo faculta a explotar depósitos. Véase Decreto 48-97 Ley de Minería, artículos 21, 24 y 27.
 
[26] Joris van de Sandt, op. cit., pp. 6-7.
 
[27] Véase especialmente: COPAE, Sistematización de experiencia —La consulta comunitaria: la lucha del pueblo maya sipakapense contra el atropello y la imposición, Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE), San Marcos, 2008.
[28] Prensa Libre 09/05/2007. Véase también: Prensa Libre 05/04/2006. 
 
[29] Joris van de Sandt, op. cit., pp. 16-17.
 
 
[32] Nos referimos a sus informes a la Corporación Financiera Internacional (CFI), que forma parte del Grupo del Banco Mundial, y a sus informes anuales de monitoreo, ambos disponibles al público.  
 
[33] Véase especialmente el Estudio de Impacto Ambiental realizado por el geólogo hídrico independiente, Dr. Robert Morán, por encargo de Madre Selva, organización no gubernamental ambientalista guatemalteca que ha estado presente en el debate sobre la minería a cielo abierto en Guatemala.   
 
[34] Joris van de Sandt, op. cit., pp. 24-25.
[35] Ibid.
 
[36] Banco Mundial, Política Operacional 4.12 relativa al Reasentamiento Involuntario, citado en Joris van de Sandt, op. cit., p. 25.
 
[37] Joris van de Sandt, op. cit., p. 25.
[38] Ibid.
 
[39] Ibid., p. 26.
 
[40] Dichos títulos se encuentran en el Archivo General de Centroamérica en la capital de Guatemala: San Miguel Ixtahuacán – ejidos (1908) AGCA. SM, P. 24, p. 2 E. 2. —Pueblo de Sipacapa— ejidos (1918) AGCA. SM, P. 29, E. 17. La municipalidad de Sipacapa, además, posee una copia registrada de su título: título de la municipalidad de Sipacapa (copia) (1918). Registro de la Propiedad Inmueble, Departamento de San Marcos: Libro 176, Folio 58, finca 30.05H. Citados en Joris van de Sandt, op. cit., p. 25.
 
[41] El artículo 13.1 del Convenio 169 de la OIT reconoce “la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con sus tierras y territorios (…) y en particular los aspectos colectivos de esa relación”.
[42] Joris van de Sandt, op. cit., pp. 29-30.
 
[43] Ibid.
 
[44] CAO, Evaluación de una reclamación presentada a la CAO en relación con el proyecto minero Marlin en Guatemala, Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO), Washington DC, 2005.
 
[45] Ibid., p. 15.
[46] R. E. Moran, Nuevo país, la misma historia: revisión del EIA del proyecto Glamis Gold Marlin, Guatemala, Colectivo Madre Selva, Guatemala, 2004.
 
[47] R. E. Moran, Evaluación de la CAO de la Mina Marlin: respuestas técnicas, Colectivo Madre Selva, Guatemala, 2005. Citado en Joris van de Sandt, op. cit., p. 31. 
[48] Ibid.
 
[49] R. E. Moran, op. cit., Guatemala, 2005, p. 4.
 
[50] Bianchini había demostrado previamente la contaminación del agua cerca de la mina de oro y plata San Martín, propiedad de la empresa Goldcorp, en el valle de Siria en Honduras. Véase F. Bianchini, Estudio técnico —Contaminación de agua en el área de explotación minera del proyecto San Martín en el Valle de Siria y repercusiones sobre la salud humana, (n.p.), (n.p.), Honduras, 2006.
 
[51] F. Bianchini, Estudio técnico — Calidad de agua del Río Tzalá (municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos), (n.p.), (n.p.), Guatemala, 2007.
[52] La Hora 11/01/2007.
 
[53] Prensa Libre 09/03/2007.
 
[54] Amnesty 27/01/2007. Citada en Joris van de Sandt, op. cit., p. 32. 
 
[55] Véase COPAE, Carta de preocupación (20 de agosto de 2007), Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE), San Marcos.
 
[56] Véase COPAE, Situación actual del agua alrededor de la mina Marlin, ubicada en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, departamento de San Marcos, Guatemala, Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE), San Marcos.
[57] Joris van de Sandt, op. cit., p. 34.
 
[58] Véase R. E. Moran, op. cit., Guatemala, 2004, 2005; Madre Selva, Madre Selva response to CAO assessment (September 22, 2005), Colectivo Madre Selva, Guatemala, 2005; V. Castagnino, Minería de metales y derechos humanos en Guatemala: la mina Marlin en San Marcos, (n.p.), Brigadas de Paz Internacionales, Guatemala, 2006; C. Salvadó, Democracia, minería y luchas por el agua en territorio mam: consulta comunitaria en San Marcos, Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO), Guatemala, 2007.   
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